Esta semana y, en concreto hoy mismo, supone la recta final para alcanzar un acuerdo acerca de la reducción de la jornada laboral sin merma salarial a 37,5 horas a la semana. Esta medida impulsada desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado a día de hoy por Yolanda Díaz, afronta su fase final con el "no" empresarial a regalar doce días de vacaciones. "Seguimos en contra de que se nos diga" en una negociación "cuál debe ser el resultado", confesó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a lo que añadió que no aceptarán "ultimatums ni trágalas".
En este sentido, el Gobierno de España retoma este miércoles la mesa de diálogo social para consensuar cómo se implantará la inminente reducción de la jornada de trabajo después de que se haya rebajado la tensión con los empresarios, muy molestos porque no se hubieran aceptado ninguna de sus reclamaciones para abordar de forma escalonada y sectorial el paso de las 40 horas a la semana a las 37,5 horas en 2025 sin reducción salarial.
Parece que la "mediación" del recién nombrado ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ante la dificultad de poner en marcha esta propuesta en medida de derecho laboral sin el acuerdo empresarial ha dado sus frutos y las patronales CEOE y Cepyme abordarán junto a CC OO y UGT la última propuesta presentada por Trabajo para tratar "in extremis" de desbloquear la situación.
Si finalmente se aprueba la reducción de la jornada de trabajo de las actuales 40 horas semanales a 37,5 horas, lo cierto es que beneficiará a más de trece millones de trabajadores del sector privado en nuestro país. Sin embargo, no ocurrirá lo mismo con los funcionarios y los empleados públicos. Así lo establece el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
En concreto, es su capítulo V el que se dedica a regular el "Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones". La jornada laboral efectiva será de 1620 horas anuales, lo que se fija en 37 horas y medio semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. No obstante, existen tres importantes excepciones:
En caso de que llegue a implantarse, esta medida beneficiará a unos 12 millones de trabajadores del sector privado, al tiempo que se espera que contribuya a aumentar la productividad y a reducir la arraigada cultura del presentismo laboral, que ha prevalecido durante 40 años desde que la jornada se fijó en un máximo de 40 horas semanales.
Asimismo, los trabajadores más favorecidos por esta medida son aquellos que actualmente no están cubiertos por convenios colectivos. Según un análisis de Comisiones Obreras del año pasado, aproximadamente el 88,7% de los empleados asalariados a tiempo completo en el sector privado ya cumplen con los nuevos límites propuestos. Esto sugiere que aquellos no protegidos por convenios colectivos serán los más beneficiados.
Según el análisis, se espera que los trabajadores de la industria y la construcción sean los más beneficiados, con casi el 98%, mientras que los técnicos, profesionales superiores y los trabajadores de servicios podrían experimentar un impacto menor.
CCOO y UGT abogan por modificar legislativamente el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para implementar esta reducción de jornada. Esta demanda busca asegurar que la medida beneficie a todos los trabajadores del país, independientemente de su cobertura por convenios colectivos, evitando posibles lagunas o exclusiones en su aplicación.
