Se trata de poner fin a los conductores que se alertan entre sí disminuyendo la eficacia de los controles.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director de la DGT, Pere Navarro, piden a los conductores el fin de las alertas sobre la presencia de controles de la Guardia Civil y la DGT en relación con la velocidad, la documentación y la alcoholemia. Esto responde a la tendencia difundir en redes sociales y aplicaciones la ubicación de los controles entre conductores.
El efecto de esta comunicación es inmediato; los controles quedan obsoletos, ya que los conductores reducen la velocidad antes de llegar o evitan las vías donde saben que están los controles. En este orden de ideas, la DGT se ha visto obligada a rediseñar los controles.
La Dirección General de Tráfico ha implementado controles móviles que no permanecen más de 10 minutos en un mismo sitio. La finalidad es que, incluso si los conductores se alertan, los controles no se vean afectados al no estar en el mismo lugar. Sin embargo, esto supone un trabajo extra para los agentes, que deben desplazarse constantemente.
Esta situación ha llevado al ministro a comunicar su intención de cambiar la legislación y castigar con sanciones económicas tanto a los administradores de dichos grupos de alertas como a los usuarios que utilicen aplicaciones o grupos en redes sociales para conocer la ubicación de los controles. Estos cambios ya se han visto en otros países. Por ejemplo, en Francia los operadores telefónicos bloquean mensajes relacionados con los controles.
Aunque las redes sociales han potenciado esta práctica, se viene haciendo desde hace décadas. Anteriormente, se hacía a través de gestos con las luces del coche. Con ráfagas de luces, los conductores anunciaban a quienes venían en sentido contrario la existencia de controles en la vía.
Es importante saber que la multa básica por advertir a otros vehículos con los faros va de 100 a 200 euros. Además, si esta acción afecta un control policial, puede abrirse un procedimiento penal con sanciones que oscilan entre 600 y 30.000 euros. Estas consecuencias legales hacen que valga la pena reconsiderar antes de realizar este tipo de avisos.
La Guardia Civil advierte que esta conducta representa un serio peligro. Hace poco, los avisos entre conductores obstaculizaron la detención de un presunto asesino de una mujer en Buñol, quien arremetió contra la Guardia Civil tras una gran persecución hasta Valencia.
