Lamenta que su socio rechace sus propuestas en justicia, como recuperar la exigencia de responsabilidad civil a jueces por lawfare
Sumar ha explicado este martes que también ha pactado con el PSOE, dentro del paquete de regeneración democrática que presentará este miércoles el presidente Pedro Sánchez, retomar el proceso de reforma de la Ley de Secretos Oficiales y desplegar otra sobre la protección del secreto profesional del periodismo.
Así lo ha trasladado en rueda de prensa en el portavoz adjunto del grupo plurinacional, Enrique Santiago, quien a su vez lamenta que por ahora el PSOE se niega a aceptar medidas de reformas en materia de justicia que ha planteado la formación, limitándose a actuaciones relativas a los medios de comunicación destinadas a favorecer la libertad de expresión.
El también dirigente de IU ha desgranado de nuevo que el pacto con los socialistas implica reformular un artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como Ley Mordaza, relativo a que deje de ser infracción la toma o difusión de imágenes de policías en manifestaciones, medida que servirá, a su juicio, para propiciar un acuerdo con los grupos parlamentarios para intentar derogar la norma cuanto antes. Y es que está convencido de que ya hay una base madura para acabar con la Ley Mordaza, informa Ep.
A su vez, ha explicado que el PSOE también ha confirmado que existe un consenso para reformas relativas a las injurias, donde se derogarán las dirigidas a la Corona y las altas instituciones del Estado y las ofensas a los sentimientos religiosos.
El pacto no incluye por ahora la eliminación del delito de enaltecimiento del terrorismo, que Sumar si metió en la proposición de ley admitida a trámite en el Congreso para reemplazarlo como un agravante en el tipo penal de vejaciones a víctimas, aunque espera que también pueda incluirse finalmente.
Aparte, Santiago ha explicado que sí existe entendimiento entre los socios del Ejecutivo para reactivar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales en el paquete de medidas que el presidente, Pedro Sánchez, llevará al Congreso este miércoles, dado que es "inaceptable" continuar con una normativa que fue aprobada en el franquismo.
Fuentes del socio minoritario de la coalición explican que el compromiso es retomar en breve los contactos para lograr un acuerdo parlamentario, dado que no se ha pactado un texto cerrado. Eso sí, han recalcado que hay propuestas avanzadas para poder trabajar con los grupos parlamentarios.
Así, no auguran problemas en fijar la escala de años para desclasificar documentos, dependiendo de su grado de importancia y contenido, y que el asunto que generaba más tensión es cómo gestionar el material actualmente clasificado.
Por otro lado, Santiago ha informado que también hay un pacto para retomar la Ley Orgánica de protección del secreto profesional del periodismo, un texto que ya suscitó un gran acuerdo entre grupos parlamentarios, salvo Vox, en la pasada legislatura y que recogía las aportaciones de sindicatos y asociaciones profesionales.
No obstante, el portavoz adjunto de Sumar ha admitido que no ha logrado convencer al PSOE de incluir en este primer paquete de medidas, sus propuestas de reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, para que no se repita más el "bochornoso secuestro" del PP, la limitación de competencias del órgano, la reforma del acceso a la carrera judicial o recuperar la responsabilidad civil directa ante los jueces, que eliminó el PP en 2015.
Santiago ha tildado de "absurdo" que a los jueces no se les pueda reclamar responsabilidades, sobre todo en casos considerados de 'lawfare'. "En este momento el PSOE entiende que no quiere ir más allá de lo que tenga que ver con medios de comunicación. Para nosotros es insuficiente pero no vamos a renunciar a dar ese paso en el momento que se pueda", ha lamentado Santiago para enfatizar, no obstante, que van a seguir reclamando esas medidas pese a lograr ya avances importantes en regeneración.
Cuestionado sobre si considera excesivo que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hablara de derogación de la Ley Mordaza, el diputado del grupo plurionacional cree que es correcto usar esa expresión, dado que aludía a que los delitos de opinión también es una norma restrictiva de los derechos y la libertades, como es la Ley de Seguridad Ciudadana.
En cuanto a los mecanismos para reparar el derecho al honor que han consensuado con los socialistas, ha insistido en que aún no está concretada la herramienta, pero es evidente que debe haber una reparación por las informaciones por la actuación de jueces que estiran "causas como si fuera un chicle" y que luego, pese a quedar archivadas sin siquiera ir a juicio, genera multitud de informaciones que lesionan la reputación de un dirigente político o sindical.
En su opinión, una fórmula sería permitir publicar en el mismo nivel de importancia que ese caso ha quedado en nada y restituir el prestigio del afectado por esa investigación. Bajo su criterio, la vía podría ser incluir mensajes como si fuera una inserción publicitaria en prensa y que "clarísimamente" quien tendría que costearlo es el Poder Judicial.
Ante la negativa del PSOE a aceptar otras de sus propuestas en materia medios de comunicación, que siguen las directrices marcadas por el Reglamento Europeo sobre la libertad de medios, el grupo plurinacional ha optado por registrarlas en el Congreso a través de sendas proposiciones no de ley para obligar a retratarse tanto al socio mayoritario del Gobierno como al resto de grupos parlamentarios.
En concreto, Sumar quiere crear un Consejo Estatal de Medios de Comunicación que habrá de funcionar como autoridad decisoria independiente e imparcial y asumir las competencias en materia audiovisual que ahora tiene la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Este órgano, que afectaría también a la prensa escrita en cualquier soporte, también tendría como obligación proteger el derecho a la información de la ciudadanía y establecer garantías para "el cumplimiento de los principios deontológicos".
En otra iniciativa, los de Yolanda Díaz demandan una nueva regulación de la publicidad institucional y de financiación de medios que garantice la proporcionalidad y equidad en el reparto de los contratos publicitarios, respetando la diversidad, el pluralismo y la calidad de la información, definiendo indicadores y criterios objetivos "plurales y ponderados" para la asignación de recursos públicos que eviten discrecionalidad.
También aboga por constituir organismos de autorregulación, por la fiscalización del reparto publicitario a nivel estatal y autonómico, y por la creación de una unidad de monitoreo y control del cumplimiento por parte de los medios en relación con la publicidad institucional.
