El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Función Pública, que tiene como objetivo transformar la Administración, según ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.
En el texto presentado se abordan los procesos de acceso al empleo público, las carreras profesionales, el aprendizaje continuo y la ética profesional. "Es un texto, además, profundamente debatido también con los representantes de los trabajadores", ha puesto en valor la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Este anteproyecto desarrolla las disposiciones contempladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en lo que a la Administración del Estado se refiere, y permite diseñar un marco jurídico que pueda, por un lado, desarrollar todo el potencial innovador del texto refundido de la Ley del EBEP y, por otro, terminar con un marco jurídico "obsoleto y fragmentario", según explica el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Entre las principales novedades del anteproyecto de ley que hoy se aprueba están la delimitación de las funciones del personal tanto funcionario como laboral y la regulación de la carrera tanto horizontal como vertical para ordenar las retribuciones, así como la regulación del régimen del teletrabajo. Asimismo, el texto regula los derechos y deberes de los empleados públicos, así como su régimen disciplinario.
Coincidiendo con la aprobación del techo de gasto y el anteproyecto de Ley de Función Pública por el Consejo de Ministros, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama la negociación de un nuevo acuerdo salarial para los funcionarios y que la próxima oferta de empleo público elimine de manera definitiva la tasa de reposición.
En lo que se refiere al anteproyecto de Ley de Función Pública, CSIF seguirá defendiendo la eliminación de la tasa de reposición, el desarrollo de la carrear profesional, la jornada de 35 horas semanales en el conjunto de las administraciones públicas, el desarrollo del teletrabajo y mejoras en las condiciones de jubilación.
Teniendo en cuenta estas peticiones, a partir de ahora se desarrollará la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, así como los desarrollos reglamentarios y estatuto de la dirección pública profesional. Todo ello propiciará el nuevo marco jurídico de la transformación del modelo de Recursos Humanos de la Administración General del Estado.
