Europa no ha dejado de señalarnos una y otra vez nuestros déficits, en especial la falta de autonomía de la Oficina de Conflicto de Intereses
A diferencia de muchos otros países occidentales (Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, o la propia Unión Europea), España no se caracteriza por el uso de instrumentos de autorregulación a nivel de ética gubernamental. Y cuando se ha intentado (aquel «Código de Buen Gobierno» planteado por Jordi Sevilla en 2005 con el gobierno de Zapatero), se ha quedado sin desarrollar en un cajón, para ser desechado y reconvertido en (pobre) regulación 10 años después con el gobierno de Rajoy: Europa no ha dejado de señalarnos una y otra vez sus déficits, en especial el de la falta de autonomía de la Oficina de Conflicto de Intereses.
Y es que la gestión de este tipo de conflictos es algo que puede y debe hacerse por medio de instrumentos de autorregulación ética, que, por definición, tienen vocación preventiva y siempre han de acrecentar la aplicación de las normas legales desde el compromiso individual. Porque de eso va la ética: del conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida, sea profesional, cívica, académica, deportiva… o política.
Pues bien. Tras casi otra década sin avances, plagada de casos de corrupción y comportamientos éticamente rechazables, ahora es la sociedad civil quien se organiza y propone un Código Ético del Gobierno, con 99 medidas concretas y de comprensión y aplicación sencilla para facilitar el control de su cumplimiento.
Este Código, que llevamos meses elaborando en «España Mejor» con la colaboración de «Hay Derecho», exige, por ejemplo, que presidente y ministros se comprometan a evitar todos los posibles conflictos de interés (reales, potenciales y también los aparentes), tanto suyos como los de sus familiares; que no puedan realizar labores de lobby en los dos años posteriores a su cese; que se limite el uso de residencias oficiales, vehículos oficiales, chóferes propios y protección oficial, así como el número de asesores y que se publique su currículo, sueldo, funciones y la razón de su nombramiento. Que los miembros del Gobierno se sometan regularmente a ruedas de prensa con preguntas, que publiquen los medios de comunicación beneficiarios de la publicidad institucional, que no puedan usar recursos públicos como servicios de inteligencia o estadística con fines partidistas, que tengan que dimitir si mienten deliberadamente a las Cortes... Y así hasta 99 compromisos concretos.
Hay tres preguntas que emergen espontáneamente al respecto de esta propuesta, y que parece más que conveniente contestar. ¿Por qué este Código se centra en el Gobierno? Porque el Ejecutivo concentra el mayor nivel de poder en España, y, por tanto, la máxima responsabilidad, también ética y política. La asunción de una autorregulación ética necesariamente permeará a todo el sistema político de nuestro país. Presuponemos inteligencia, apertura y modernidad a nuestros políticos, por lo que estamos seguros de que verán en este camino una gran oportunidad: instrumentos como este Código son, sobre todo, grandes escudos protectores para un ejercicio político solvente, porque establecen los criterios de actuación por adelantado, protegen de infamias, bulos y acusaciones falsas y refuerzan el vínculo de confianza entre los ciudadanos y sus representantes. ¿Por qué ha de ser la sociedad civil española quien lo plantee? Porque hasta ahora nos hemos quejado, pero no hemos logrado organizar nuestro descontento por tanto abuso creando instrumentos prácticos que nos permitan exigir con fuerza los cambios necesarios. Y este Código es una oportunidad de transformar ese hartazgo cívico en un compromiso individual agregado; esta herramienta de autorregulación es una propuesta de soluciones, lejos de las quejas y el enfrentamiento, concebido como un sistema básico de prevención de abusos. Porque en España tenemos un marco regulador y sancionador amplio, aunque no muy eficaz, pero nada, o casi nada, preventivo.
Y es que, lejos de las opiniones que a veces escuchamos en los medios o en la calle, que apuntan a rasgos ontológicos, genéticos, culturales o históricos de la conducta no ética en la política española, nosotros creemos que los abusos ocurren porque no hemos conseguido articular un sistema efectivo para evitarlos. Y que este sistema no solo es posible, sino necesario, y razonablemente fácil de poner en marcha. El Código Ético de Gobierno que proponemos es una contribución al gran debate social pendiente, abierto y sin sesgos ni complejos, sobre la España que queremos. Aunque intentan convencernos de que la polarización política está también en la sociedad y no hay diálogo constructivo posible, el compromiso propositivo y la activación cívica existen y se está organizando como nunca. El fortalecimiento del suelo ético de la política es el mejor antídoto contra el ruido y la furia.
¿Y por qué son 99 medidas? Porque la número 100 sólo la puedes poner tú: es la aceptación del compromiso ético individual. Porque el listón de la ética política en España lo tenemos que subir entre todos.
