Pedro Sánchez se ha propuesto resistir, pero es un muñeco con pies de barro. Tras salvar el “match ball” de las elecciones europeas, el último del ciclo electoral ordinario -a la espera del desenlace de los acontecimientos en Cataluña-, en Moncloa dibujaron un horizonte de estabilidad para tratar de dar normalidad y viabilidad al mandato. Tras las generales del 23 de julio, en el Gabinete asumieron que la legislatura no sería prolija en leyes, sino que se articularía como un ejercicio de supervivencia legislativo, en el que cualquier norma de enjundia supondría un equilibrio imposible entre sus socios, en continua disputa.
El firme inestable sobre el que se cimenta la mayoría que le hizo presidente es, en sí mismo, una falacia. Sánchez sostiene que pivota sobre un eje progresista, pero lo cierto es que los partidos que lo conforman se incardinan ideológicamente en la órbita conservadora y esta circunstancia debilita todavía más los números que le sustentan.
Esta circunstancia queda en evidencia con el saldo del primer semestre de legislatura. El PSOE ha perdido 28 votaciones en el Congreso de los Diputados desde la investidura y se ha tenido que sumar a otras tantas iniciativas del PP para evitar que prosperasen sin los socialistas, pero con el concurso de sus socios. Ante la evidencia de que el PP está siendo capaz de captar la mayoría líquida de Sánchez, los socialistas han acabado enmendando, incluso, la comunicación de su propia política exterior para no exhibir debilidad.
El Gobierno registró pronto su primera derrota parlamentaria: el 10 de enero, cuando Podemos se cobró sus propias cuitas internas, tumbando el decreto ley redactado por Yolanda Díaz que incluía una reforma del subsidio por desempleo. Tres semanas después llegó la segunda y bastante sonada. En esa ocasión fue Junts, quien rechazó la primera redacción de la ley de amnistía. Quienes habían inspirado la norma, redactada "ad hoc" para perdonar los delitos del "procés", se sumaron a una mayoría alternativa para devolver el texto a la Comisión de Justicia y hacer los cambios que acabaran de blindar todas las casuísticas personales.
El 29 de febrero el Pleno aprobó la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate (Cádiz) al ser arrollados por una narcolancha. La iniciativa, promovida por el PP, salió adelante al abstenerse Podemos y Junts. Con la connivencia de los partidos independentistas, ERC y Junts, salió adelante la moción presentada por el PP en marzo, en el marco del “caso Koldo, en la que se pedía depurar responsabilidades y más transparencia sobre los contratos. En el primer pleno de abril, el Gobierno volvió a sufrir una nueva derrota cuando los populares atrajeron a Junts, BNG y PNV, que se abstuvieron ante la exigencia de deflactar el IRPF para compensar la subida de la inflación. También en abril, los de Alberto Núñez Feijóo lograron sacar adelante la toma en consideración de una proposición de ley para relajar la protección al lobo ibérico. Entonces, Junts y PNV votaron a favor, mientras que Bildu se abstuvo.
El PSOE también se estrelló en mayo, en vísperas de las elecciones europeas con su simbólica ley para prohibir el proxenetismo, que sólo recabó apoyos en el Grupo Mixto -BNG, Coalición Canaria, UPN y José Luis Ábalos-. El resto de sus socios, incluido Sumar, votaron en contra junto al PP, mientras que Vox optó por la abstención. Esta ley fue relevante por tratarse de la primera vez en la legislatura que caía una norma impulsada por el Grupo Socialista. Horas después, los socialistas se veían obligados a retirar la Ley del Suelo para evitar una nueva derrota. Tanto ERC, como Junts y Podemos habían registrado enmiendas de totalidad, que iban a contar con el apoyo de Sumar y Bildu.
Celebrados los comicios europeos y restablecida la agenda legislativa, el Gobierno sigue en el alambre pese a haber despejado el horizonte electoral. El 30 de mayo volvió a sufrir dos derrotas, en ambos casos por no contar con el apoyo de Junts y el PNV y el 20 de junio, salieron adelante, pese al rechazo del PSOE, los siete puntos de una proposición no de ley del PP sobre el Sáhara Occidental y las relaciones con Marruecos. Ese día se batió el récord de cinco derrotas en un solo día.
El vértigo del Gobierno a proyectar debilidad es tal que incluso se ha visto obligado a apoyar algunas iniciativas del PP para evitar que se visibilice en el Parlamento que existe una mayoría alternativa a la de la investidura. Y esta mayoría se produce, de nuevo, cuando partidos conservadores como PNV y Junts se alinean con los populares en sus iniciativas. En junio, el PSOE apoyó la toma en consideración de una proposición de ley del PP para endurecer el Código Penal, ante la multirreincidencia en delitos de hurto, que ya tenía asegurado el voto de los nacionalistas vascos y catalanes. Los socialistas eran prescindibles, pero se sumaron para evitar que Feijóo se apuntara el tanto de haber desmantelado su mayoría de investidura. De hecho, partidos como sus socios de Sumar, ERC o EH Bildu, se mantuvieron en el "no".
No era la primera vez. A finales de mayo, el PSOE también apoyó otra proposición de ley del PP, con el agravante de que se trataba de una iniciativa muy crítica con la forma en que el Ejecutivo se desenvuelve en política internacional. La propuesta cuestionaba la "unilateralidad" de las decisiones de Sánchez en política exterior y demandaba más comparecencias del presidente para rendir cuentas. Los socialistas tuvieron que sumarse para no visibilizar su soledad.
