347 menores migrantes no acompañados. Niños y niñas que aguardan principalmente en Canarias su reparto entre las diferentes comunidades en virtud del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo autonómico y el central, en el que primaba la solidaridad. Esa fue la cifra de la polémica esta semana, la que ha roto incluso gobiernos autonómicos por el rechazo a hacerse cargo de ellos. Sin embargo, esos 347 jóvenes son solo una pequeña parte, muy pequeña, del problema que sufren las islas. Tan pequeña que apenas suponen el 6% del total de menores que se encuentran en el archipiélago, donde a día de hoy hay unos 5.500 repartidos en las alrededor de 2.000 plazas con las que cuentan. Una situación que va a más, pues todas las semanas arriban a sus costas más cayucos en los que viajan muchos menores y también mujeres embarazadas.
Por este motivo, el presidente canario, Fernando Clavijo, pedía esta semana al resto de ejecutivos autonómicos «un acuerdo que esté a la altura de la peor crisis humanitaria de España y de la Unión Europea». «Se lo debemos a los más de 5.500 niños y niñas que permanecen en las islas», sentenciaba.
Sin embargo, este problema está abocado a enquistarse, pues la acogida voluntaria a la que se comprometieron las comunidades para los años 2022 y 2023 no ha cosechado el éxito previsto, mientras que la obligatoria que plantea ahora el Gobierno de coalición, a través de la reforma del artículo 35 la Ley de Extranjería, va por el mismo camino, incluso por uno peor.
Porque lo que el Ejecutivo central quiere es tomar en solitario la decisión de derivar a estos menores a otras comunidades españolas cuando se den una serie de condiciones que confirmen la saturación de los centros de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla. Eso sí, sin hacer referencia a la financiación, una de las principales quejas de las autonomías receptoras de los mismos.
En concreto, dicha reforma plantea regular el umbral a partir del cual se considera a Canarias y a las dos ciudades autónomas sobreocupadas: cuando el número de menores supere en al menos un 150 por ciento las plazas disponibles.
Así, en el caso de Canarias, cuantifica en 2.000 las plazas existentes, por lo que a partir de los 3.000 atendidos en sus centros se consideraría que «existe sobreocupación». En Melilla son 166 las plazas habilitadas y la saturación estaría fijada en 249, mientras que en Ceuta (88 plazas), el problema llegaría a partir de los 132 alojados.
Una vez superados esos márgenes establecidos se declararía la situación de «contingencia migratoria extraordinaria», por lo que será un «órgano competente de la Administración General del Estado» (es decir, el Gobierno) el que decidirá «cuál debe ser la comunidad autónoma a la que se traslade para su ubicación» a los menores migrantes.
Y ese traslado deberá hacerse en un plazo máximo de 15 días, tal y como se establece en la propuesta de modificación de la Ley de Extranjería.
Así, en la actualidad Canarias superaría en 2.500 menores acogidos ese umbral que marca la saturación y, por tanto, estarían listos para ser derivados a otras comunidades autónomas.
