Un tribunal de Ecuador condenó el viernes a 34 años y 8 meses de prisión a dos personas de las cinco acusadas del asesinato material del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado a tiros por sicarios colombianos el 9 de agosto del año pasado al salir de un mitin electoral en un concurrido sector de Quito. Tras ocho días de audiencias, Carlos Edwin A. L. (‘El Invisible’), líder de una facción de la banda criminal Los Lobos, y Laura Dayanara C. V. ‘La Flaca’ recibieron una sentencia condenatoria agravada al ser considerados autor mediato (con dominio del hecho) y «coautora», respectivamente, del asesinato de Villavicencio, informó la Fiscalía General del Estado en un comunicado.
Los jueces que sustanciaron el caso han impuesto también a los dos condenados una multa de «1.000 salarios básicos unificados», unos 460.000 dólares, más un pago por «reparación integral» de 100.000 dólares, la mayor parte de los cuales deben abonar a los acusadores particulares, añadió la fuente. El tribunal, además, sentenció a doce años de prisión a Erik Marcelo R. P., Víctor Alfonso F. y Alexandra Elizabeth C. F., al ser considerados cómplices del asesinato, además de una multa de 156.400 dólares (340 salarios básicos) y 33.000 dólares cada uno como indemnización.
De acuerdo con la Fiscalía, ‘El Invisible’ estaba recluido el día del crimen en la cárcel de Latacunga, a unos 90 kilómetros al sur de Quito, pero las investigaciones apuntan a que dio la orden de disparar a Johan Castillo, abatido por policías tras efectuar los disparos contra Villavicencio. Según el Ministerio Público, Laura Dayanara C. V. ‘La Flaca’ se encargó de suministrar dinero, armas, motocicletas, vehículos, camisetas y otras vituallas a quienes participaron en el ataque, con la ayuda de Erick Marcelo R. P. y Víctor Alfonso F. De su lado, Alexandra Elizabeth C. F. ha sido acusada de estar en el mitin político en Quito y dar aviso a los sicarios para ejecutar el crimen.
Villavicencio fue asesinado a manos de un grupo de siete sicarios colombianos once días antes de la primera vuelta de las elecciones generales extraordinarias, convocadas para completar la legislatura del exmandatario Guillermo Lasso, que había recortado su periodo.
Los siete hombres colombianos que fueron acusados de participar en la ejecución del asesinato están muertos: el tirador abatido tras hacer los disparos y los otros seis ahorcados en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, donde habían sido recluidos. También otro involucrado murió en circunstancias similares en una cárcel de Quito, por lo que solo quedaron cinco acusados para ser juzgados como autores materiales del mortal atentado.
Tras la audiencia de juzgamiento, el abogado de la familia de Villavicencio, Hugo Espín, explicó que la sentencia condenatoria a más de 34 años de prisión contra los dos acusados principales es solo «un primer paso» en la investigación global del crimen. «Arrancarán otros juicios» para esclarecer la verdad, añadió el letrado al asegurar que Ecuador «necesita que se llegue hasta la autoría intelectual» en este caso. Por ejemplo, dijo que en las audiencias llevadas a cabo se llegó a vislumbrar la existencia de una supuesta «megaestructura criminal», así como omisiones importantes de autoridades.
Espín se preguntó sobre el hecho de que la orden de disparar haya salido desde una cárcel de máxima seguridad mediante un teléfono móvil que usaba internet de banda ancha, algo que es prohibido en ese tipo de centros.
De su lado, Alexandra Villavicencio, hermana del líder político asesinado, aseguró que este día se ha hecho justicia, pero remarcó que, «así como son juzgados los asesinos materiales, también sean juzgados los autores intelectuales y todos los ocultos» en este hecho. «Nadie es invisible» y deben ser juzgados todos los responsables, porque «este país necesita inaugurar la justicia», apostilló Alexandra Villavicencio.
De su lado, Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del periodista y político, señalaron en un comunicado que la condena recibida por los cinco acusados «es lo mínimo que puede hacer la Justicia de Ecuador por un hombre como Fernando, que ofrendó su vida por la patria». «No nos olvidamos de las omisiones de la Policía, que ignoró la petición de refuerzos, ni de los siete sicarios asesinados bajo custodia del SNAI (la agencia penitenciaria del Estado), tampoco de los funcionarios del ECU-911 (servicio de emergencias) que entregaron la localización de nuestro padre a sus asesinos», manifestaron.
«La lista es larga, pero sobre todo no nos olvidaremos nunca de quienes lo persiguieron durante más de quince años y que formaron ese oscuro matrimonio narcopolítico para acabar con su vida», concluyeron.
