Tras la decisión de archivo de la Audiencia Nacional, Susana Polo adopta la misma medida respecto al expresident y al diputado fugado Ruben Wagensberg
Carles Puigdemont sortea la investigación por terrorismo en el Tribunal Supremo (TS). Horas después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón archivara su investigación del "caso Tsunami Democràtic" -que mantenía imputadas a una decena de personas, entre ellas la dirigente de ERC Marta Rovira-, la magistrada del alto tribunal Susana Polo, al cargo de la investigación al expresident y al diputado de ERC fugado Ruben Wagensberg, por su condición de aforados, ha adoptado la misma decisión y ha dado carpetazo al procedimiento, uno sobre el que estaba pendiente la decisión de aplicar la Ley de Amnistía.
En un auto, notificado hoy, la juez explica que toma esta decisión tras la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ayer anuló la prórroga de la instrucción acordada por García Castellón y dejara sin efecto todas las diligencias practicadas con posterioridad a esa fecha, el 29 de julio de 2021, lo que abocó al instructor ha acordar el archivo de las actuaciones y, ahora, a hacer lo mismo a la magistrada del Supremo.
En su resolución, Polo señala que antes de ese 29 de julio de 2021 "no se llevó a efecto ninguna investigación de la causa determinante de la participación de los investigados en los hechos que se les imputan", pues según apuntó el propio García Castellón en su auto de archivo, ni siquiera se había acordado ni tomado declaración a ninguno de los investigados, algo que en el caso de ambos aforados tampoco se ha producido.
Todo ello, asegura la instructora del procedimiento, "impide que las actuaciones puedan continuar por los trámites del procedimiento abreviado”, el paso similar al procesamiento cuando existen indicios suficientes para seguir adelante con la tramitación de la causa. Polo acuerda por tanto el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones respecto a Puigdemont y Wagensberg.
Pese a librarse de esta investigación, la orden de detención contra Puigdemont sigue vigente, pues se acordó por el juez Pablo Llarena en el marco de la causa del "procés", en la que el magistrado se ha opuesto a aplicarle la Ley de Amnistía respecto al delito de malversación por el que está procesado (sí ve, sin embargo, amnistiable, el delito de desobediencia que también se le atribuye).
Además, Puigdemont tiene que estar pendiente de la decisión del Tribunal Supremo sobre su posible imputación por un delito de alta traición (que también excluye expresamente la Ley de Amnistía) por su supuesta responsabilidad en la "trama rusa" del "procés".
Y es que según el juez Joaquín Aguirre, Puigdemont estaba detrás de las conexiones con el Kremlin para recabar apoyo al proyecto secesionista en Cataluña, que se habría plasmado en "la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización, y alteración de la paz social".
