El plan de reparación integral para las víctimas de abusos de la Iglesia está en capilla. Será mañana cuando se someta a votación en una Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española a la que están llamados a participar todos los obispos en activo. Es la segunda convocatoria de estas características en menos de un año que se celebra únicamente para abordar esta lacra, amén de las Plenarias habituales donde también se ha tratado esta cuestión. Trabajado mano a mano entre los prelados y la Conferencia Española de Religiosos (Confer), el llamado Priva busca ser algo más que una vía para tramitar una indemnización económica a las víctimas. De hecho, la Iglesia ha insistido en este tiempo en que, si bien se asumirá cualquier pago a los supervivientes de esta lacra, se pretende que, en la medida de lo posible, se brinde el acompañamiento necesario en forma de terapias psicológicas y atención espiritual, si así se precisara.
Y es ahí donde entra en juego la creación de una comisión asesora que sería la encargada de baremar qué necesidades tiene cada víctima. Según el borrador, al que ha tenido acceso este diario y que se pondrá sobre la mesa de la Plenaria mañana, este equipo estaría compuesto por diez personas. Por un lado, un representante de la Conferencia Episcopal Española y un representante de la Conferencia Española de Religiosos, a los que se sumarían cuatro juristas «de reconocido prestigio procedentes de la carrera judicial y/o fiscal, o de los altos cuerpos de juristas al servicio del Estado, o de la universidad». En el texto se matiza que «en el caso de los miembros procedentes de la carrera judicial y fiscal, no deben encontrarse en servicio activo». A ellos se sumarían dos médicos psiquiatras forenses «especialistas en la atención, tratamiento y asistencia de víctimas de abusos sexuales». Cerrarían el grupo dos psicólogos forenses «especialistas en la atención, tratamiento y asistencia de víctimas de abusos sexuales».
El borrador a aprobar explicita además que cuando la comisión asesora «lo estime oportuno para el buen desarrollo del procedimiento», se podrá convocar a un representante de una asociación de víctimas de abusos sexuales o que tengan por finalidad la acogida, el acompañamiento y la reparación, que asistirá a la sesión en calidad de invitado. Eso es, con voz, pero sin voto.
Lo cierto es que algunas asociaciones han reclamado en estos meses una presencia permanente con voz y voto en este equipo. Sin embargo, tal y como explicaron ayer fuentes eclesiales a LA RAZÓN, se habría seguido «el modelo de otros organismos de este tipo, por ejemplo, con el terrorismo de ETA».
En cualquier caso, la comisión asesora tendrá la misión de trabajar caso por caso a partir de la documentación disponible sin que sea necesario peritar a cada persona de nuevo «con el objetivo de no revictimizar». A partir de ahí, se especificará la indemnización económica que se considere, junto a otras medidas. En el plan, la Iglesia no establece ni un mínimo ni un máximo de dinero a la comisión. Simplemente se invita a tener «en cuenta los baremos propuestos por la ley civil y los criterios orientadores de otras Conferencias episcopales del entorno». A partir de ahí, se establecerán «unas pautas que promuevan y ofrezcan garantías en el resarcimiento de daños».
[[H2:Un colectivo diverso, fragmentado y con alguna entidad «fantasma»]]
Por primera vez en una Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal han sido invitadas las asociaciones de víctimas de abusos, precisamente para conocer de primera mano el plan de reparación integral. Cuando algunos de sus portavoces ya tenían prevista su asistencia, Moncloa contraprogramó con una reunión exprés que se celebrará hoy y en la que se buscará que las víctimas cuestionen la hoja de ruta de la Iglesia. Lo cierto es que, hoy por hoy, el colectivo que aglutiva a las víctimas es muy diverso y plural. Por un lado, se encuenta la asociación Infancia Robada, liderada por Juan Cuatrecasas, que ha sido diputado socialista. Bajo su paraguas se encuentran otras tres entidades: Lulacris, AVA o Justice Initiative. A ellas, especiamente críticas con el proceder del Episcopado, se les habría sumado otra entidad, Vidas Anuladas, sobre la que no hay información pública alguna acerca de su actividad o de cuántos miembros la componen. Más allá de este bloque, hay otras asociaciones con voz propia también reconocidas por su acompañamiento a quienes han sufrido abusos en entorno eclesiales. Entre ellas se encuentran la catalana Mans Petites y la valenciana Asociación Contra los Abusos Sexuales en la Infancia (ACASI), así como la vasca Eshmá y la madrileña Betania. En este tiempo de consulta, la Iglesia también ha contado con otras entidades de referencia en este campo como la fundación ANAR, Aspasi y GSIA.
