ATA y UPTA denuncian que llevan meses sin avances en las reformas pendientes, como la prestación por cese, el subsidio por desempleo, la jubilación activa o el sistema transitorio de cotización por ingresos reales, del que no tienen ninguna información
Otro frente se le ha abierto al Gobierno en las mesas de diálogo social. Las asociaciones de autónomos cargan contra Elma Saiz por haber incumplido sus compromisos con el colectivo y no haber dado todavía una respuesta a la reforma de la prestación por cese de actividad, una cuestión que está pendiente desde hace meses y que no ha avanzado debido « a la parálisis que se vive en el Ministerio Seguridad Social» que dirige Saiz, y que continúa sin clarificar su posición respecto al llamado «paro de autónomos». Desde UPTA, su presidente, Eduardo Abad, acusa directamente a Saiz de haber provocado esta «parálisis total en situaciones que son de extrema urgencia, por lo que reclamamos que se reactive el diálogo porque llevamos meses sin que haya habido ningún avance».
En el mismo sentido ya se manifestó en su comparecencia en el Congresos de los Diputados el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que reclamó directamente que hay que aprobar una «reforma de esta prestación, que se deniega al 60% de los solicitantes, algo inasumible».
Fuentes internas del Ministerio han confirmado a LA RAZÓN que el ambiente del Ministerio se está volviendo irrespirable y se han acumulado ya varias dimisiones entre altos directivos. Es notoria su mala relación con algunos cargos principales ministeriales no fines a Saiz y varios funcionarios se han quejado abiertamente de sus malas formas en el trato.
Esta situación ha redundado en menoscabar el trabajo y la capacidad de negociación del Ministerio. No en vano, el pasado mes de febrero, Seguridad Social abrió el observatorio para el cese de actividad de los autónomos para abordar esta reforma, comprometida para que se alcanzara un acuerdo en el primer semestre del año, pero ni se han registrado avances y, según denuncian las asociaciones de autónomos, «en la mayoría de los casos ni han sido convocados ni se han presentado nuevas propuestas por parte del Ministerio».
También está pendiente una de las cuestiones que ambas asociaciones apuntan fundamentales y que urgen a resolver: los requerimientos que se han hecho a miles de autónomos para obligarles a devolver las prestaciones extraordinarias de cese de actividad concedidas durante la pandemia y que se consideran que fueron concedidas de forma irregular. En esta situación se encuentran al menos 70.000 del millón y medio de autónomos que cobraron esta prestación.
Ambas organizaciones denunciaron ante Saiz esta situación y solicitaron ampliar el plazo de devolución, para que los autónomos afectados tuvieran una mayor flexibilidad en los pagos. Pero, «como con todos los temas pendientes, tampoco hemos obtenido respuesta», reiteró Abad.
Por su parte, Amor denuncia que Saiz prepara un "recorte" en la jubilación activa de los autónomos. "Sorprendentemente, nos vuelven a poner un papel encima de la mesa donde se recortan los derechos de los autónomos que están en jubilación activa". Al respecto, explicó que este "recorte" consiste en que se establece que "si hoy un autónomo que está en jubilación, con la edad legal de jubilación y que quiere compatibilizar su trabajo, puede hacerlo cobrando el 50% de la pensión". En cambio, los asalariados pueden percibir el 100%.
También carga con el Ejecutivo por "olvidarse" del colectivo al que representa en la reforma del subsidio por desempleo, que se convalidó en la Cámara Baja. "Creo que la prestación para mayores de 52 años no puede discriminar por donde realice esa persona de 52 años su trabajo, o por cuenta propia o por cuenta ajena", señaló Amor.
Asimismo, nada han sabido en ATA y UPTA sobre su petición de obtener datos del nuevo sistema transitorio de cotización por ingresos reales que arrancó en 2023, sobre el que «no sabemos cómo ha ido el sistema ni quiénes han tenido que regularizar su tramo de cotización. Tenemos un desconocimiento total de esta materia». Por ello, tanto ATA como UPTA exigen una reunión urgente, que denuncian se les niega.
