Ocho de cada diez identifican barreras en la integración de los factores ASG, según un estudio de Finresp
Las pymes españolas han sido esenciales hasta ahora en el desarrollo de la sostenibilidad en el país. No obstante, advierten de que las obligaciones ligadas a los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) se están convirtiendo en su gran desafío. Concretamente, el 75% de las compañías ven prioritario realizar esfuerzos en materia ASG, y más del 80% identifica barreras en su integración, principalmente por los altos costes y el tamaño de la empresa, según el informe sobre pymes y sostenibilidad en 2024 elaborado por Finresp (Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España) y sus asociaciones promotoras (AEB, CECA, INVERCO, Unacc y UNESPA), junto con CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) y presentado la semana pasada.
Este estudio arroja datos clave que explican la situación actual de la pequeña y mediana empresa frente a la sostenibilidad, proporcionando una visión clara del estado actual de este tipo de entidades, que suponen el 99% del tejido productivo español. Destaca que el 71% de las pymes ha implementado medidas de sostenibilidad en los últimos tres años. La gran mayoría de estas empresas (60%) ha puesto en marcha medidas ambientales, entre las que se encuentran mejoras en áreas como la gestión de residuos y la eficiencia energética. Por el contrario, apenas un 25% de las organizaciones han ejecutado medidas de mejora del gobierno corporativo de la empresa en ese periodo.
Por otro lado, el informe pone de manifiesto los desafíos del sector para los próximos años en materia de sostenibilidad. Así, casi la mitad (48%) de las pymes no conoce o sabe poco acerca de la existencia de productos financieros y de aseguramiento con criterios de sostenibilidad. Entre aquellas que sí tienen conocimiento, sólo una de cada cuatro empresas ha accedido a productos financieros y/o de aseguramiento sostenible.
En cuanto a los recursos para la integración de la sostenibilidad de este segmento de empresas, destaca el papel fundamental de la colaboración público-privada en los próximos años en el apoyo a las pymes en su transición hacia prácticas más sostenibles mediante recursos, formación y una financiación adecuada. Respecto a la regulación, un 86% de las empresas afirma verse afectada por las regulaciones en sostenibilidad, con un 35% sintiéndose muy afectada. Una tendencia que se espera que continúe en el futuro, con la aplicación de nuevas normativas ya aprobadas.
Un ejemplo de ello es la nueva Directiva de información corporativa de sostenibilidad (CSRD, en inglés), que entró en vigor a principios de 2023 y que extenderá su alcance a las pymes cotizadas a partir de 2026. Además, no sólo tendrán que hacer frente a los requerimientos regulatorios, también a los procesos de evaluación y homologación de proveedores de las grandes empresas, que cada vez incorporan más criterios de información y desempeño en materia de sostenibilidad.
«La pyme española ha sido artífice del progreso de la sostenibilidad en España, aunque lo haga sin saber incluso que lo está haciendo. No obstante, ahora mismo se ha convertido la sostenibilidad en una sobrerregulación y un exceso de cargas que suponen un gran coste para las pequeñas», explicó Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME durante la presentación del informe.
Finresp presentó también el Observatorio de Sostenibilidad para pymes. «Centramos nuestros esfuerzos en generar un intercambio de conocimiento que promueva la necesidad de transitar hacia un tejido productivo más sostenible. En este contexto, las pymes juegan un papel esencial al ser un actor clave en la economía española», sostuvo su presidente, José María Méndez. De las 200 entidades que han participado en el estudio, tres de cada cuatro ven beneficioso realizar esfuerzos en materia ASG, sobre todo por la mejora de la reputación.
