Al final le queda al ciudadano la idea de que las normas no se aplican igual a los políticos que a la gente corriente
Se acumulan los casos de tratamiento desigual ante la Justicia dependiendo de quienes sean los afectados. Algo que nunca debería suceder, porque al final le queda al ciudadano la idea de que las normas no se aplican igual a los políticos que a la gente corriente. Es lógico pensarlo, tras la acumulación de excepciones que benefician a gobernantes o parlamentarios en forma de indultos, amnistías o sospechosas resoluciones del Tribunal Constitucional. No solo eso. Nos enteramos ahora de que Hacienda no pidió al Ministerio de Transportes los contratos de las mascarillas hasta un mes después del cese de Ábalos. Lo normal es que lo hubiera hecho de inmediato, pero no, la prisa que se da con ciertos asuntos, se transforma es inacción con otros muy señalados. Lo de Koldo emerge otra vez con fuerza. Desde las buenas nuevas sobre las maletas de Delcy a presuntas reuniones discretas con la inteligencia marroquí y supuestos salarios que conviene aclarar. Igual que lo del hermano del presidente del Gobierno, a quien la inspección fiscal debería haber hecho un elemental seguimiento, que no hizo. ¿Por ser quién es? Eso parece. Ahora también el abogado de Begoña Gómez pide que no se grabe a su defendida durante su comparecencia mañana en los juzgados de Plaza de Castilla, en atención a su imagen pública. Nada habría que objetar si ese criterio se siguiera con otras personas igualmente afectadas por la popularidad, como pueden ser futbolistas o actores famosos en determinados procedimientos fiscales, e incluso el compañero sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Sucede siempre? Más bien parece que tal criterio no es la norma. Proteger la imagen de las personas es más que aconsejable, particularmente en este país en el que la pena de telediario le cae al afectado en cuanto es señalado y tiene que ir al juzgado a declarar. Con frecuencia, el encausado, o «empapelado», como se dice en el argot judicial, pasa a ser un condenado en vida. Algo injusto, porque en más de una ocasión ese imputado queda exento de toda responsabilidad, siendo su caso archivado y la inocencia probada. Solo que, para entonces, el mal ya está hecho. Fue perseguido mediáticamente, con la aquiescencia de unos tribunales que permiten que tal cosa suceda. En otros países se evita semejante dislate impidiendo los paseíllos y cumpliendo a rajatabla lo que dice la ley en materia de protección a la imagen. Aquí, los señalamientos anticipados se han convertido en habituales. Pedir garantías procesales, y proteger a las personas citadas en un procedimiento judicial, es necesario y tiene todo el sentido del mundo. Solo que ese proceder no puede ser una excepción por tratarse de Koldo, Ábalos, el hermano de Sánchez o la esposa del presidente del Gobierno, sino que debería ser extensible a cualquier ciudadano que lo solicite. O aplicable de oficio.
Begoña Gómez tiene la garantía de que su declaración se hará a puerta cerrada, con presencia del juez instructor, el fiscal, su defensa y los abogados de las acusaciones populares, entre ellas Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa y el Movimiento Regeneración Política. Más que suficiente para este momento procesal. Hay quien lo compara con el caso de Rajoy, que tuvo que declarar como testigo por la Gürtel con total exposición pública y emisión vía TV. No hay similitud, más allá de la mera relevancia de ambos protagonistas. Mariano Rajoy no era investigado, y declaraba en un juicio oral, con señal televisiva en directo como norma.
Valga lo anterior para insistir en la necesidad de que las leyes sean de igual aplicación para todos. Cosa que en España no sucede.
