Cepyme llama a las empresas a una "defensa activa" frente al "hostigamiento" del Gobierno. Cuerva va más allá y acusa al Ejecutivo de seguir "tesis comunistas"
"Queremos denunciar la situación de ataque que estamos sufriendo los empresarios, porque es injusta, porque lesiona nuestros legítimos derechos amparados en la Constitución y porque es objetivamente mala para nuestro país”. Así lo espetaron ayer las pymes en la Asamblea General de Cepyme, en la que hicieron un llamamiento a la "defensa activa" frente al "hostigamiento" del Gobierno y en "defensa de la libertad de empresa" y contra la política "persecutoria e incriminatoria" contra el empresariado.
Alto y claro sonaron ayer las palabras de las pequeñas y medianas empresas españolas -el 99,8% del tejido productivo y con cerca de 11 millones de empleos-, que han decidido soltar un sonoro "basta ya" a la injerencia gubernamental en la empresa. Así encabezó Cepyme el durísimo e histórico manifiesto contra el Gobierno durante su Asamblea, inaugurada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que han dado soporte a esta llamada de socorro empresarial transcrita en un manifiesto que intenta visibilizar las demandas que han hecho empresarios y organizaciones empresariales. "Sólo se podrá hacer frente a los ataques que sufrimos alzando la voz y levantando la cabeza con orgullo para reclamar nuestro papel protagonista en el crecimiento y el progreso de España, en la generación de innovación y, por supuesto, en la creación de empleo y en el sostenimiento de las políticas de bienestar. Nadie va a defendernos si no lo hacemos nosotros".
Bajo el título 'Manifiesto de la pyme por la libertad de empresa', las patronales reclaman la defensa de la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la Constitución Española. Dividido en siete bloques, las pymes claman por la "dignidad" empresarial; el cese del control y la sobrerregulación; el respeto a la negociación colectiva; la no intervención salarial; la flexibilidad interna y la no injerencia en los recursos de la empresa; cargas sociales y fiscalidad que no lastren la competitividad, y el respeto al diálogo social. "La sobrerregulación y el excesivo control que se está imponiendo sobre la empresa, la política continuada de aumento de costes y cargas burocráticas, fiscales y sociales se combina con un discurso estigmatizador y un cambio de cultura que se está procurando sobre la figura del empresario basada en la persecución de los beneficios, la rentabilidad y el éxito en los negocios".
Para las pymes, el Gobierno debe poner fin a la aprobación de reformas que intervienen en el funcionamiento de la empresa y "hurtan" la flexibilidad necesaria para su desarrollo. "El Gobierno ha actuado unilateralmente, mediante la imposición coercitiva, ignorando y menospreciando el diálogo social, la interlocución entre trabajadores y empresarios que durante cinco décadas han remado juntos por la eficacia y el consenso; supone un retroceso hacia fórmulas pretéritas e ineficaces", advierte la organización empresarial.
También denuncia que la empresa ha dejado de ser vista como un actor fundamental de la sociedad para ser utilizada "como un instrumento de polarización política. La ganancia de rentabilidad y los beneficios son perseguidos y se ha promovido políticamente una desvirtuación de lo que es la actividad empresarial. En base a ella, el Gobierno demanda el control y la intervención de dicha actividad condicionando de forma decisiva la asignación de los recursos empresariales a partir de diagnósticos erróneos y basados en un estereotipado negativo del empresario".
La patronal de las pymes insta al Gobierno a renunciar a su política "persecutoria e incriminatoria" hacia el empresario. "El objetivo de las empresas es obtener beneficios. Y esto no debe avergonzarnos. Sólo las empresas con beneficios sobreviven y sólo las empresas con beneficios sólidos pueden invertir, aumentar sus plantillas e incrementar los salarios". Asimismo, critica el "goteo de medidas de control, de supervisión y de sanciones" adoptadas en los últimos años por la desconfianza hacia el cumplimiento de las normas por parte del empresario, así como "el alza continuada de cotizaciones sociales que se ha llevado a cabo" y el aumento de la carga fiscal sobre el empresariado.
