La Iglesia española tiene listo el plan de reparación integral para las víctimas de abusos. Salvo sorpresa de última hora, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española que se celebra entre ayer y hoy en Madrid culminará con la aprobación de la hoja de ruta que aprobará lo que busca ser algo más que un sistema de indemnizaciones para aquellos casos que han prescrito o cuyo abusador ha fallecido. Y es que, según han acordado tanto los obispos como la Conferencia Española de Religiosos (Confer), se busca que no solo se interprete como una entrega monetaria, sino que se incluyan también medidas como las terapias psicológicas o el acompañamiento espiritual, si se considera necesario y la víctima lo requiere. De hecho, hasta horas antes de la Permanente se habrían incorporado sugerencias de unos y otros, incluidas algunas de las propuestas por las asociaciones de víctimas que participaron el pasado 21 de junio en una reunión con la cúpula eclesial.
Tal y como han confirmado a LA RAZÓN fuentes eclesiales, este plan quiere contar con el máximo respaldo institucional posible. Por eso, además de pasar por la Permanente, en la que participan 26 prelados, estaría previsto convocar una Asamblea Plenaria Extraordinaria para el próximo 9 de julio a la que deberían asistir con voz y voto todos los obispos en activo: los que están al frente de una diócesis y sus auxiliares. De la misma manera, tendrían que acudir los administradores apostólicos, es decir, aquellos que están al frente de una diócesis en sede vacante. Los obispos no quieren esperar a la Plenaria ordinaria prevista para otoño, en tanto que buscarían comenzar a aplicarlo en septiembre.
El motivo de convocarles a todos busca de alguna manera que los obispos sean conscientes de lo que implica el plan de reparación. Y es que, uno de los puntos clave de este sistema es la creación de un órgano independiente que será el encargado de calibrar cuál es la indemnización que recibirá cada víctima. No serán los obispos quienes lo determinen, sino un grupo de expertos independientes entre los que se encontrarían jueces, fiscales y forenses especializados en esta área. Ellos serán los encargados de baremar. Eso sí, en principio, con el fin de no revictimizar a quienes acudan a esta vía, no se realizará ningún tipo de peritaje si ya cuentan con la documentación suficientes que acredite el abuso.
Una vez que esta comisión determine la cantidad a percibir por la víctima, así como otro tipo de medida de reparación que precise, el informe pasará a manos de la diócesis o la congregación responsable del caso. Será el obispo o el superior mayor del instituto de vida consagrada quien tiene en sus manos si aplicar o no el dictamen de la comisión. Y es que, ni la Conferencia Episcopal Española ni la Conferencia Española de Religiosos tienen poder coercitivo alguno sobre unos y otros. De ahí, la importancia de que sea aprobado en el órgano colegial supremo de los obispos, como la mejor medida de presión para que el plan de reparación se ejecute sin fisura alguna.
Con esta apuesta de reparación personalizada, la Iglesia desecha la propuesta realizada por el informe realizado por Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que planteaba la creación de un fondo estatal para hacer frente al desembolso derivado de las indemnizaciones. Tanto los obispos como los religiosos, confían en que resulta más eficaz responder uno a uno a cada caso que crear una hucha específica cuando se desconoce cuántas víctimas acudirán a esta vía.
Por otro lado, la Iglesia también se adelanta a ese organismo independiente que también tenía previsto crear el Gobierno con el mismo objetivo. Lo que no se ha esclarecido es si se solaparían ambos entes.
