Carles Puigdemont reclama al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que aparte a juez Joaquín Aguirre de la investigación de la "trama rusa" del "procés", contra quien se querella por prevaricación y malversación. La denuncia, interpuesta también por su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay, y por su abogado, Gonzalo Boye -igualmente investigados en ese procedimiento-, achaca al juez que impulse una investigación judicial sobre alta traición "que debió haberse sobreseído". Con el objetivo, afirman, de "intentar que estos hechos no fueran amnistiados".
El expresidente de la Generalitat reclama al TSJ Catalán que suspenda provisionalmente de sus funciones a Aguirre o al menos le aparte cautelarmente de la causa para evitar la "vulneración de derechos fundamentales" y el "sinfín de gastos ilícitos para las arcas públicas" aparejado a su actuación, que según subraya supone además "un bochorno para el conjunto de la Administración de Justicia".
En su opinión, el instructor "instrumentaliza la creación de piezas separadas, con un fin ilegítimo e ilícito, que no es otro que burlar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por sus superiores jerárquicos de la Audiencia Provincial de Barcelona". Con esa suspensión cautelar, argumenta, se garantizaría "el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, evitar la posible influencia del juez investigado sobre el proceso y proteger el interés público y de los afectados por sus actos delictivos". Solo así, subraya, se garantiza "la imparcialidad del proceso y la confianza en la Administración de Justicia".
La defensa de los tres imputados sostiene que Puigdemont "se ha visto sorpresivamente incluido" en la investigación, que Alay está siendo "perversamente perseguido" por "su actividad política" y "académica" y que la imputación de Boye se debe a "su trabajo profesional" por lo que se "criminaliza" su actividad como letrado.
Los querellantes achacan al juez Aguirre una "persecución" contra "miembros integrantes de un grupo objetivamente identificable de personas, una minoría que anhela que Cataluña se independice del estado español" y contra su "entorno" (su abogado). Para los denunciantes, el instructor ha "burlado" la orden de archivo del procedimiento por parte de la Audiencia de Barcelona abriendo una nueva pieza separada para indagar en las conexiones de los líderes del "procés" con el Kremlin.
"Él sabe perfectamente -señalan- que los hoy afectados con esta sui generis pieza separada no están ni siquiera personadas en dicha pieza". Se trata, denuncian, de "una estratagema, a espaldas de las defensas, con evidente indefensión, con el fin de que no se enteraran de sus oscuros propósitos de incluirlos en la investigación y de que no recurrieran el auto de prórroga".
Su defensa considera que Aguirre "ha exteriorizado su ánimo de prevaricar, de torcer el derecho, de incumplir lo ordenado por la Audiencia Provincial de Barcelona, a fin de satisfacer su caprichosa voluntad de salvar un procedimiento que estaba condenado al sobreseimiento libre".
En cuanto a la malversación que le imputan, la ciñe a la "caprichosa y arbitraria" decisión del magistrado de dejar en manos de la Comisaría General de Información de la Policía la investigación de unos hechos "que nunca han tenido caracteres de delito y condenados al sobreseimiento". Una decisión que juzga injustificada en la medida en que genera unos gastos "inconmensurables" para las arcas públicas "dado el ingente material que pretende analice y examine" la Policía.
La defensa de los tres investigados sostiene que con su "arbitraria, estrafalaria e injusta resolución", Aguirre "ha dinamitado el sistema judicial" y el Estado de Derecho. El Estado de derecho, recuerda, "se caracteriza por la lucha contra la arbitrariedad, lo que, llevado al ámbito judicial, se transforma en la exigencia de que el juez está sometido al imperio de la ley".
Y hace hincapié en que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona "no tenía ningún amparo legal para desobedecer lo establecido por la superioridad, pues el auto de prórroga de la instrucción se había revocado por la Sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona".
Los tres investigados se quejan de que, con esta decisión, Aguirre da a los fondos públicos una finalidad "inequívocamente ilegal, dado que una investigación cuya instrucción está cerrada por imperativo legal" está siendo impulsada "ilegalmente a costa de fondos públicos".
El juez Aguirre sostiene que tanto Puigdemont como el también expresidente de la Generalitat Artur Mas "tenían el liderazgo y el control de las acciones que tomaban sus cuadros directivos" y disponían de la capacidad de "suspender, interrumpir o modificar las actividades dirigidas a contactar con actores de influencia rusos, cuyos intereses eran contrarios al estado español al que representaban". En la resolución en la que acuerda trasladar al Supremo los indicios contra Puigdemont, el instructor le atribuye "una suerte de autoría mediata en la que elementos directivos", entre los que incluye a Alay, "actuaban como instrumentos al servicio de una línea de trabajo estable que ha permanecido durante años, a pesar de los sucesivos relevos personales acaecidos".
Según Aguirre, ni Puigdemont ni Mas tenían que "autorizar cada acción de ámbito internacional de sus directivos, pues se trataba de personas de su máxima confianza, en puestos de primer nivel, con autonomía y capacidad para decidir cómo alcanzar los logros estratégicos": conseguir el "apoyo y reconocimiento internacional (ruso en este caso) de un estado catalán independiente".
El magistrado ve indicios de la existencia de "una estructura piramidal, en cuyo vértice superior se encontraría Puigdemont" para desarrollar una política de "contactos con elementos de injerencia rusa, a espaldas del Estado español". Por debajo de Puigdemont, "en un segundo peldaño se ubicarían Alay y Boye, quienes según Aguirre "desarrollarían la labor intelectual y de planificación de las diferentes acciones dirigidas a conseguir contactos próximos al Gobierno ruso para granjearse el reconocimiento de Rusia a una eventual república catalana".
