La gestión de las bajas médicas representa uno de los desafío más significativos para la Seguridad Social en España. Durante el año pasado, se registraron más de ocho millones de bajas por enfermedad. Estas derivaron a costes estimados de 14.000 millones de euros, convirtiéndose en el segundo gasto más elevado para esta institución. Este año, la situación no parece ser distinta, ya que las bajas laborales reputan un 13%.
Para abordar este problema, la Seguridad Social ha implementado una nueva estrategia ante el fracaso de controlar los abonos y la gestión de las mutuas. El propósito es poder hacer frente a las ausencias laborales en procesos traumatológicos y la estrategia, según documentos obtenidos por el ABC, consistirá en solicitar datos adicionales de los trabajadores en baja a las empresas, con el fin de mejorar el control de las situaciones de incapacidad temporal.
En principio, la propuesta de la Seguridad Social no tuvo mucho éxito, por ende el Gobierno se vio obligado a buscar la ayuda de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Mª del Carmen Armesto, directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), destacó, en una carta dirigida a Rosa Santos, directora del Departamento de Relaciones Laborales de la CEOE, la importancia de una gestión eficiente y transparente de los procesos relacionados con la salud de los trabajadores.
Para garantizar un control adecuado de las situaciones de incapacidad temporal, la Seguridad Social está solicitando a las empresas información detallada sobre el puesto del empleado y una descripción de sus funciones laborales. Esta información es crucial para que los servicios públicos de salud y el INSS puedan comprender mejor las limitaciones derivadas de la patología del trabajador y su relación con sus funciones laborales.
Armesto enfatizó que la calidad de los datos proporcionados por las empresas es fundamental para tomar decisiones informadas y garantizar un control adecuado de la incapacidad temporal. Señaló que la falta de conocimiento detallado sobre las funciones laborales de los empleados dificulta la labor de los inspectores médicos y afecta negativamente la gestión de la prestación.
El nuevo enfoque de la Seguridad Social se centra en obtener una comprensión más profunda de las condiciones laborales y las patologías que afectan a los trabajadores. Para lograr esto, se requiere una cooperación más estrecha entre las empresas y la Seguridad Social, lo que plantea ciertos retos en términos de recopilación y gestión de datos.
En este sentido, el Gobierno se aleja de las mutuas respecto a las altas de los trabajadores con procesos traumatológicos. Según documentos proporcionados al ABC, su participación se reduce a la realización de pruebas, que precisarán de autorización del médico de los servicios públicos de salud y del paciente.
