La ministra de Sanidad acumula 32 solicitudes de comparecencia del PP ante la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja sin atender. Prefiere responder por redes o en entrevistas a medios
A Mónica García no le gusta rendir cuentas ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Al menos eso es lo que parece si atendemos a las solicitudes de comparecencia que acumula desde enero de 2024. Son 32 las que acumula por parte del Grupo Parlamentario Popular (GPP), según ha podido saber este periódico, la mayoría relativas a deficiencias actuales y prioritarias del Sistema Nacional de Salud (SNS) en ámbitos vertebradores como atención primaria, profesionales sanitarios –escasez de especialistas (médicos de familia y pediatras, principalmente), plazas MIR, programas formativos, agresiones–, acceso a innovaciones terapéuticas, listas de espera, vacunas, financiación del sistema sanitario y coordinación sociosanitaria, así como sobre los problemas vigentes de la sanidad en Ceuta y Melilla (cuya gestión es competencia exclusiva de Sanidad vía el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Ingesa).
García solo ha comparecido una vez, el 26 de enero, a petición propia, para informar de las líneas generales de su departamento y para contestar a peticiones del GPP y del Grupo Parlamentario Vox sobre algunos de los temas citados anteriormente.
Ya desde principios de año, la oposición le consultaba acerca de los planes de su departamento ante los problemas más acuciantes del SNS. Entre ellos, los motivos por los que no se había dado solución a las necesidades por las que se inició la huelga de médicos en Ceuta y Melilla; la escasez de especialistas en el sistema sanitario público, especialmente en atención primaria; el desabastecimiento de medicamentos; cómo y en que plazos estaba previsto que se creara la "empresa farmacéutica pública"; los planes para mejorar el acceso de los pacientes españoles a la innovación terapéutica o las incidencias e irregularidades en los contratos celebrados desde el Gobierno para la gestión de la crisis sanitaria de la covid.
Ni que decir tiene que una sola sesión fue insuficiente para resolver las dudas de los grupos parlamentarios de la oposición. Aun así, la ministra no ha vuelto a atender ninguna petición de comparecencia hasta la fecha.
A las solicitudes pendientes de la ministra hay que sumar otras tres por resolver de altos cargos de su departamento –el director general de Salud Pública, la directora general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y el director de la Escuela Nacional de Sanidad–, así como más de 80 preguntas orales del GPP sobre asuntos relacionados con los temas citados u otros como la colaboración público-privada, los planes en salud mental o el IVA en productos y servicios sanitarios, por citar algunos ejemplos.
Recordemos un tema del que LA RAZÓN se hizo eco desde el principio y al que la ministra nunca dio respuesta en un foro político: el de la elección de los futuros centros del cáncer.
A finales de enero, un grupo de 30 oncólogos de referencia de los principales hospitales de España hizo pública su "profunda preocupación" por la gestión de la convocatoria –y la posterior selección– de los futuros Cancer Comprehensive Centers (CCCs), o, lo que es lo mismo, los que se convertirían en los centros de referencia en la atención integral del cáncer en España.
La iniciativa era una de las demandas de Plan Europeo contra el cáncer, que pide que, en 2030, estos centros sean los que traten al 90% de los pacientes oncológicos en el territorio nacional.
Sanidad, en colaboración con el responsable de la Estrategia frente al cáncer del SNS, Josep M. Borrás, y la entidad beneficiaria única y responsable de seleccionar los futuros CCCs, el Instituto Catalán de Oncología, dejaron fuera de la selección a siete grandes hospitales de la Comunidad de Madrid (el Ramón y Cajal; el 12 de Octubre, el Gregorio Marañón, La Princesa, la Fundación Jiménez Díaz, el Clínico San Carlos y el Hospital Puerta de Hierro) que, junto con La Paz (que si fue seleccionado) atienden al 40% de la población oncológica española.
Pese a las peticiones del comparecencia del GPP y Vox, García nunca aclaró las dudas al respecto ante el Congreso o el Senado, y solo dio explicaciones a través de entrevistas que concedió a agencias de noticias o posts en la red social X.
Y es que tanto la ministra como los miembros de su departamento parecen sentirse más cómodos exponiendo sus planes en redes sociales o en medios de comunicación que en los espacios institucionales de debate político. Asimismo, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, gusta de iniciar conversaciones sobre temas polémicos en redes sociales.
En sus posts, aprovecha para interpelar a rivales políticos, dar respuesta a temas de actualidad y exponer titulares de los "medios" (así los llama, entre comillas) que, a su juicio, son falsos.
En uno de sus últimos hilos cita el siguiente: "Sanidad planea incluir la enfermedad mental como causa para solicitar la eutanasia".
Y aporta esta explicación: "En el caso del sufrimiento psíquico, lo que hace el grupo de trabajo en marcha es garantizar que no se abren vías que sustituyan al correcto abordaje de dicho sufrimiento. Frente a las pseudonoticias que tratan de enfangar algo tan serio como esto, el compromiso de mejores condiciones de vida, más recursos para salud mental, igualdad en el acceso a derechos y libertades".
