El país nórdico se ha visto obligado a recurrir a impuestos y otras tasas contra la aglomeración de turistas internacionales en sus ciudades
El turismo es el principal motor de la economía de muchos países, como la española. Así, son muchos los territorios del mundo que reciben la llegada de turistas de todas partes, encantados con sus ciudades, atraídos por su historia o interesados en su cultura, entre otros aspectos. Pero al igual que algunos municipios de España o Venecia, una de las piones, las distintas naciones buscan alternativas para frenar el "turismo masivo" que invade cada territorio, y una de ellas es Islandia.
Las autoridades del país plantean implementar nuevas tarifas para los visitantes con el fin de mitigar los efectos negativos sobre el turismo. Según explicó a CNBC el primer ministro islandés, Bjarni Benediktsson, se está trabajando para "moldear el sistema fiscal para el sector del turismo en el futuro", con la idea de que "sea el usuario quien pague", así como implementar cuotas de acceso a los principales atractivos turísticos.
Es decir, obtener beneficios del turismo, hacer que el turista pague para visitar Islandia. "Al hacer eso, podríamos controlar el tráfico. Entonces, en el punto álgido de la demanda, podríamos tener un impuesto más alto donde podríamos controlar modificando las tarifas tanto dentro del día como entre meses, o durante partes del año", relataba el líder islandés en su entrevista al medio estadounidense.
Y es que Islandia se ha convertido en uno de los destinos más populares de Europa, con un importante incremento en los últimos años. Según Forbes, el número de visitantes experimentó un aumento de hasta un 400% entre 2010 y 2018, cuando superó los 2,3 millones. Y aunque se frenó en la pandemia, estos años posteriores a las restricciones por covid-19 han dejado cifras similares.
La principal medida será la de establecer una tarifa nominal de 600 coronas islandesas (alrededor de cuatro euros al cambio) por habitación de hotel, además de otras como imponer costos variables para campings, casas móviles y cruceros.
El primer ministro asegura que este enforque no solo busca "proteger los tesoros naturales de Islandia, sino también garantizar que los residentes locales no se vean negativamente afectados por la afluencia de turistas". Unas medidas que serán primerizas, y al mismo tiempo, podrían incrementarse en función de su funcionamiento en el futuro.
El país nórdico se ha visto obligado a tomar estas medidas para luchar contra la masificación del turismo, siguiendo el ejemplo de muchos territorios. Mismamente, en España, las islas Canarias, los habitantes del archipiélago se volcaron en protestas contra la aglomeración de viajeros. Y es que solo en 2023, llegaron más de 16 millones de turistas, siete veces más que la población del conjunto de la islas (que es de 2,2 millones).
Algunos de los factores presentes en sus manifestaciones eran la escasez de vivienda, los bajos ingresos de los habitantes o la destrucción de su medio ambiente, en comparación con los "beneficios" que consideran que tienen los turistas.
Otro caso en nuestro país está en Menorca, en el llamado "Mykonos español" (Binibeca Vell), conocido hoy por recibir la visita anual de más de 800.000 personas y siendo una localidad con menos de 200 casas. O más recientemente, Málaga, donde miles de personas pedían un "cambio del modelo turístico" que permita que la ciudad sea "digna de ser habitada". Y en Barcelona, el alcalde también busca "limitar el acceso de cruceros" para evitar la llegada de muchos turistas.
Y en Europa, más allá del caso conocido de Venecia, está Ámsterdam, que lidera como una de las ciudades con más restricciones y con la tasa más alta para sus visitantes. Sus cientos de miles de turistas mensuales se enfrentan a impuestos como la prohibición de fumar marihuana en su famoso Barrio Rojo, la ampliación de las restricciones a la venta de alcohol o la negativa a la llegada de cruceros a la ciudad.
