Ni la Armada ni el Ejército del Aire les secundaron. El general Juan José Zúñiga, hasta hace dos días jefe del Ejército, atribuye el fiasco al retraso de las unidades en llegar a La Paz
El intento de golpe de Estado en Bolivia fue sofocado en cuestión de horas. Ahora, el país latinoamericano hace evaluación de daños y reafirma posturas políticas de cara a los escenarios por venir, con mayor conciencia de la inestabilidad nacional. Tras las rejas están dos militares de alto grado acusados de liderar el alzamiento, el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga y el vicealmirante Juan Arnez, anterior comandante de la Armada. Fueron los dos primeros aprehendidos, según informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. El funcionario apuntó que al menos «una decena» de uniformados también fueron detenidos por haber participado de la sublevación.
La cifra fue respaldada por el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, Héctor Arce, quien hizo un recuento de los hechos registrados durante el alzamiento militar que se registró en La Paz este miércoles y aseguró que al menos diez uniformados se encuentran detenidos por la intentona golpista, durante una sesión plenaria del organismo regional este jueves.
Según Del Castillo, se está identificando a toda la red de apoyo que se movilizó la tarde del miércoles cuando Zúñiga y sus hombres tomaron la plaza Murillo y el Palacio Quemado, la sede protocolar del Ejecutivo, y anunciaron que buscaban lograr «un nuevo Gabinete». Horas después, el comandante fue destituido por el presidente Luis Arce y las tropas retornaron a sus cuarteles, por orden del nuevo jefe de las tropas, el general José Wilson Sanchez Velasquez. El ministro agregó que las autoridades están tras «el entorno cercano» de Zúñiga.
Según el Gobierno boliviano, la Fuerza Aérea no participó de los eventos del miércoles y todos los cuarteles y bases militares están bajo control del Estado y en calma. El miércoles en la noche, cuando ya estaba arrestado, Zúñiga afirmó que actuó por órdenes del mismo presidente Luis Arce, denotando[[LINK:INTERNO|||Article|||667d2fb60f7bb0e401896107||| un «autogolpe»]]. En una breve declaración a medios cuando ya iba a ser trasladado bajo custodia, afirmó: «El día domingo me reuní con el presidente y me dijo que la situación está muy jodida, que esta semana será muy crítica, es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Le pregunté si sacábamos los blindados. Me dijo “sacá”. Entonces el domingo en la noche ya los blindados empiezan a bajar». Sus declaraciones fueron interrumpidas, pero los funcionarios del Ejecutivo boliviano las han rechazado.
Eduardo del Castillo dijo que el general no tiene credibilidad ni veracidad. Por su parte, El ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, dijo a CNN que «él lo que hace es intentar de enlodar, y esto lo hace con la finalidad de una vendetta contra el presidente que no le permitió, no le aceptó de ninguna manera que pueda realizarse el golpe de Estado que él pretendía», aseguró. El ministro de Defensa dijo también que, a casi 24 horas del intento de golpe de Estado, Bolivia ha vuelto a la normalidad. «Puedo informar al mundo entero y particularmente a mi país Bolivia que desde las 10 a 11 de la noche de ayer ya se tomó el control total de todas las grandes y pequeñas unidades militares de las tres fuerzas. En ese entendido, todo se torna nuevamente a la actividad normal», indicó.
Según la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, Juan José Zúñiga brindó declaraciones ante autoridades luego de su detención en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz. De acuerdo con la funcionaria, el general explicó que el plan de alzamiento no se concretó debido a la tardanza de las unidades de Viacha, así como del personal de la Armada y de la Fuerza Aérea, en llegar al centro de La Paz. Prada afirmó que el sublevado involucró a todos los comandantes de las fuerzas militares -antes de ser cambiados por completo por Arce- en la intentona.
La Fiscalía General del Estado de Bolivia anunció el miércoles casi a la medianoche que inició una «investigación penal» en contra del destituido general Juan José Zúñiga y todos los militares que participaron en la movilización «irregular» de soldados fuertemente armados que ingresaron «por la fuerza» a la sede del Gobierno de Bolivia en La Paz. Zúñiga y Arnez serán imputados por terrorismo y alzamiento armado y pudieran enfrentar penas de entre 15 a 30 años de cárcel.
El vicepresidente David Choquehuanca llamó ayer a la justicia ordinaria y la justicia militar a que actúen con el máximo rigor contra los responsables del intento de golpe de Estado. «La democracia ha prevalecido en Bolivia, pero debemos mantenernos alertas por el bien de nuestro país y de las futuras generaciones», declaró. Pidió hacer todo lo posible en las instituciones para evitar futuros amagos de subversión.
Con los sucesos de este miércoles, Bolivia suma 39 golpes de Estado, intentos de derrocamiento y conspiraciones registradas desde 1946. Es el país del mundo con el número más alto.
Entretanto, la pugna política continúa con el presidente Luis Arce enfrentado a su antiguo mentor, el exmandatario Evo Morales que ahora aspira un nuevo mandato. En 2023 un congreso nacional del partido MAS, al que no asistió Arce, ni sus más leales, el expresidente fue ratificado como líder y nombrado «candidato único» para las elecciones de 2025. Más recientemente, Morales ha calificado a Luís Arce como «el peor presidente de la época democrática», y también lo acusó de llevar la economía del país a sus peores niveles históricos. Para Arce, Morales -quien gobernó entre 2006 y 2019 cuando fue desalojado del poder acusado de fraude electoral- es su «principal opositor» y varios de los funcionarios leales al presidente han calificado al expresidente de «mitómano» y de querer «adueñarse del país».
El partido MAS se encuentra dividido y continúa en vilo a quién postulará en 2025, aunque para que Morales pueda inscribirse deberá superar varias trabas judiciales. Mientras tanto, el descontento social avanza pues en Bolivia se ha registrado una falta de liquidez en dólares, escasez de combustibles y el encarecimiento de productos y alimentos.
