Más de una cuarta parte de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión social (26,5%), un problema estructural que ha crecido medio punto en un solo año y que alcanza ya a casi 13 millones de personas, 400.000 más que hace un año. Especialmente preocupante es la situación de casi 10 millones de personas, que sobreviven con menos de 916 euros al mes por hogar. Además, el 37% de los hogares no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, el 21% arrastra pobreza energética y el 9% ni siquiera llega a fin de mes.
Estas son sólo algunas de las terribles cifras que ha puesto sobre la mesa el Consejo Económico y Social (CES) en su última Memoria. Ahora, en un nuevo anexo titulado "Derechos, calidad de vida y atención a la infancia", denuncia que las cifras anteriores se quedan cortas con respecto a las de la infancia, ya que uno de cada tres menores españoles de 12 años sufre pobreza severa, "una anomalía en la Unión Europea, que no tiene comparación con ningún otro país europeo. Es algo inaudito y una situación insoportable que no se corresponde con el peso de nuestra economía, la cuarta de la UE y la 13 del mundo. No tiene sentido que la pobreza infantil les robe el futuro a las nuevas generaciones, a las que se les niega el derecho a tener una vida digna y una carrera profesional exitosa", lanzó a modo de primera andanada el presidente del CES, Antón Costas.
Recuerda este informe que la desventaja socioeconómica de muchas de las familias para acceder a una vivienda digna y disponer de los suministros básicos, "repercute negativamente en el bienestar infantil". A esto se une el "escaso efecto reductor de la pobreza de las políticas de apoyo a las familias con menores" debido a su diseño y configuración. "No decimos que el Gobierno no haya aprobado medidas para corregir este problema, pero algunas de ellas no llegan a quien verdaderamente los necesita". Antón no ha querido cargar directamente contra el Gobierno, pero le ha dado un asevero toque de atención. "No criticamos que no haya instrumentos de apoyo a los hogares más vulnerables sino que algunos de ellos son regresivos en términos de equidad, porque no favorecen a los que realmente deberían hacerlo", insistió Antón, que puso como ejemplo las desgravaciones fiscales, de las que "las familias más débiles no pueden beneficiarse al no tener bases imponibles".
En este sentido, el informe subraya la "insuficiente atención que reciben importantes colectivos de población infantil en situación de especial vulnerabilidad, sobre todo de los hogares monoparentales, minorías étnicas o de origen migrante, cuya situación se agrava por las diferencias territoriales y por determinadas brechas de acceso y disponibilidad de servicios entre las ciudades y el entorno rural". Un dato avala esta mala situación: el 5,6% de los menores no tiene acceso a una dieta de alimentación mínima y tiene problemas de nutrición. "Esto no puede permitirse de ninguna manera", se quejó Costas amargamente.
Según apuntó, "el coste económico de la pobreza infantil es elevadísimo. Se sitúa ya entre el 4% y el 5% del PIB", lo que se traduciría en más de 60.000 millones, "que se cuantifican en la pérdida de ingresos salariales a lo largo de la vida como consecuencia de haber sufrido pobreza infantil, que el más alto de la UE y un despilfarro sin precedentes", incidió Antón. "La mejor métrica que hay para predecir el futuro de un país es ver cómo trata a la infancia, y en España no vamos bien. No se corresponden nuestras tasas de pobreza infantil con nuestro nivel de renta". Es decir, somos un país rico que tiene unas tasas de pobreza cercanas al tercer mundo. "Tenemos capacidad financiera y presupuestaria para hacer frente a esta pobreza, pero no se hace o no se hace de forma ineficiente".
Con esta situación, desde el CES se propone que el 5% del presupuesto del fondo social dedique a la erradicación de la pobreza infantil, "máxime cuando España es la economía europea que más crece", apuntó Antón. Para ello, el informe propone la creación de un complemento de ayuda a la infancia, una prestación universal de crianza que asuma todos los costes d e 0 a 3 años, "porque en la actualidad no está cubierto con nada. Ahora mismo hay un vacío enorme e inadmisible. Somos de los poquísimos países que no tiene este tipo de prestación, que debe llevar aparejada su universalización y una atención educativa gratuita para todos".
Para Carmen Pleite, consejera del CES que ha dirigido este informe, cree que "es primordial seguir mejorando aquellas para afrontar los impactos sociales de las recientes crisis y consolidar un marco favorable para el bienestar y el desarrollo pleno de la infancia en condiciones de igualdad. Avanzar tanto en las políticas específicas de infancia como en un enfoque del conjunto de las políticas públicas que sitúe a la infancia en el centro, algo que debería asumirse como un objetivo de país", una meta de largo plazo que debería ser el objeto de un amplio consenso que asegure su continuidad más allá de los ciclos electorales".
deudcciones fiscales, ayuda universal, un modlo de convergencia
