Empieza el verano y llegan las rebajas. Se inician de manera paulatina, primero con el 20 por ciento, después con el 30 y así hasta el 70 por ciento o más. Las marcas y las tiendas tiran los precios o parece que tiran los precios.
Este verano además de las rebajas en el consumo, llegan las rebajas judiciales, no para todos los públicos, ni para todas las condenas. Son para los que ostentan el carnet de afiliado al Partido Socialista o haber trabajado en un gobierno bajo el mandato de algún socialista. Son rebajas a discreción. A la discreción de Cándido Conde-Pumpido.
Son unas rebajas tan discrecionales que desoyen y desautorizan las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia de Sevilla. Tanto trabajo de investigación por parte de la policía judicial, de investigadores, abogados, tantos folios, tomas de declaraciones a testigos, para nada.
Tanto desescombrar los caminos de los palos que iba poniendo la Junta de Andalucía de los Griñán y Chaves para dificultar la investigación y exculpar a los malversadores, tantas páginas escritas y publicadas, tantas horas de noticias, el trabajo de tantos funcionarios, para nada.
Tantos años de macrocausa sobre corrupción política, del mayor fraude cometido entre los años 2000 y 2009, 680 millones de euros repartidos de forma clientelar, para que llegue el Tribunal Constitucional y se ponga con las rebajas de verano.
Anulación parcial de la condena por prevaricación para Magdalena Álvarez, exonerar de malversación al número dos de Griñán, Carmen Martínez Aguayo, rebajar el delito para el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández.
Son rebajas paulatinas con el único fin de desmontar el mayor caso de corrupción de nuestra historia. Han empezado, discrecionalmente con el 20 por ciento hasta la liquidación total, bajo la batuta de Conde-Pumpido y Pedro Sánchez. Nada como un gobierno que gobierna para los suyos.
