Las propietarias de las centrales deberán ingresar 130 millones de euros anuales adicionales a los 450 millones de euros que ya aportan al fondo de Enresa
El temido "tasazo" a la nuclear es ya una realidad. El Gobierno aprobó ayer la subida del 30% de la 'Tasa Enresa' y el Foro Nuclear ya ha advertido que esta subida "desproporcionada" amenaza que las centrales operativas, siete reactores en total, sigan operativas por una simple cuestión de rentabilidad.
En un comunicado, el Foro Nuclear considera que esta medida "junto con la desproporcionada, discriminatoria y asfixiante carga fiscal que soporta, amenaza seriamente la continuidad de la operación del parque nuclear español".
La patronal que agrupa a las empresas propietarias de las centrales recuerda que en marzo de 2019 la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y las empresas propietarias de las centrales nucleares españolas llegaron a un acuerdo auspiciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mediante el que se contemplaba un incremento máximo del 20% del valor de la tarifa respecto al que en ese momento tenía y hasta el límite de los 7,98 euros por megavatio hora (euros/MWh) vigente hasta el próximo 1 de julio, cuando entrará en vigor el aumento hasta 10,36 euros /MWh.
Según el Foro Nuclear, el nuevo incremento aprobado de la tasa supone que a partir del próximo 1 de julio las empresas deberán ingresar "130 millones de euros anuales adicionales a los 450 millones de euros que el conjunto del parque nuclear español ya aporta cada año al fondo de Enresa desde marzo de 2019".
Los propietarios de las centrales consideran que España va "en el rumbo contrario" en un momento en el que numerosas y prestigiosas instituciones nacionales e internacionales y los países con programas nucleares en marcha, especialmente en la Unión Europea, están poniendo en valor la contribución de la energía nuclear a la transición energética hacia un mundo (economía) descarbonizado y sostenible.
El Foro Nuclear advierte, además, que esta subida es "absolutamente ajena a la operación de las centrales nucleares" y se debe "exclusivamente" a los cambios adoptados en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos por "falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas".
Por tanto, no considera que sea imputable a la gestión de las centrales nucleares. Igualmente, lamenta que el Gobierno no haya tenido en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas por la industria nuclear española contra la subida de la tasa.
