Desde el año 2019 es obligatorio para toda empresa en registrar debidamente cuántas horas trabajan sus empleados y cómo se distribuyen las mismas. Esta discusión fue objeto de una controvertida polémica judicial, como consecuencia de la disparidad de criterios manifestados por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Fue por ello por lo que finalmente entró el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la ecuación.
Ese mismo año, en concreto, el 12 de mayo de 2019, se publicó la norma en el BOE para acabar con la precariedad laboral y los abusos en la jornada laboral de millones de trabajadores de nuestro país, así como con las horas extras, no sin que España recibiera un varapalo por parte del TJUE. En síntesis, desde Bruselas se exigió que "los Estados miembros deben interponer a los empresarios la obligación de implantar un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador". He aquí el quid de la cuestión y dónde el Ministerio de Trabajo quiere entrar.
Tal y como detalla la norma europea, corresponde a cada Estado definir "los criterios concretos de aplicación de tal sistema, especialmente la forma que este debe revestir". Según explica 'El Periódico', esto desencadenó en que algunas pequeñas empresas lleven a cabo de manera analógica el registro de la jornada, lo que puede provocar la manipulación de registros por parte del empresario e impidiendo así que la autoridad laboral pueda acceder en remoto a los registros.
En una reciente entrevista de la ministra Yolanda Díaz en Televisión Española ha destacado la importancia de controlar las horas efectivas que se trabajan: "Una cosa más importante será modificar el control horario, su digitalización, de manera que en tiempo real la Inspección de Trabajo conozca las horas que ustedes hacen. La clave está en las irregularidades horarias que tiene España (...) Y esto se va a acabar", declaraba la ministra.
En resumidas cuentas, el Ministerio de Trabajo busca acabar de forma inminente con prácticas engañosas y ya se ha puesto manos a la obra. Según el medio de Prensa Ibérica, el departamento liderado por Yolanda Díaz ha mantenido esta semana una reunión con los agentes sociales a una nueva reunión para tratar de avanzar en un acuerdo sobre la llamada a ser la norma estrella, laboralmente, de la legislatura.
La intención de la norma no sería otra que obligar a que "la empresa mantenga un registro diario de jornada, realizado por medios digitales" según el primer borrador de la norma. Pero eso no es todo. La normativa también pretende dar acceso en cualquier momento a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la base de datos recabados por los aplicativos de control horario, así como a los sindicatos con representación en la empresa.
El objetivo del Ministerio de Trabajo, según detalla El Periódico, es que la reducción de la jornada laboral entre en vigor ya este 2024. Así lo ha plasmado en la redacción de su propuesta remitida a patronal y sindicatos: "Desde la entrada en vigor de esta ley y hasta el día 31 de diciembre de 2024 la jornada máxima de trabajo ordinario será de treinta y ocho horas y media en promedio anual, en su aplicación proporcional al periodo mencionado".
Desde el 12 de mayo de 2019 es obligatorio el registro diario de la jornada de los trabajadores, que debe incluir el inicio y finalización de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. En caso de incumplimiento, la cuantía de la sanción puede ir desde los 751 euros, si es considerada leve, o llegar a los 7.500 euros, si llega a calificarse como grave. Esto en el caso de que se sancione directamente a la empresa. Pero el cambio de criterio efectuado en la reforma laboral de Yolanda Díaz habilitaría a que las multas pudieran efectuarse por cada trabajador de la empresa.
En este caso, la horquilla sancionadora oscila actualmente entre los 1.000 y los 10.000 euros. Ese es el baremo que pretende actualizar al alza el Ministerio de Trabajo. Es decir, que cada incumplimiento del registro podría conllevar una multa por encima de los 10.000 euros por cada incumplimiento en el caso más grave, informaron a LA RAZÓN fuentes de la Inspección de Trabajo. Por tanto, si en una empresa se detectan 10 incumplimientos, el castigo superará los 100.000 euros.
