El diálogo social está roto pese a que los agentes sociales continúan sentados en la mesa. Ayer, un día después del ultimátum de siete días ordenado por el Ministerio de Trabajo para cerrar un acuerdo de la reducción, los empresarios estallaron al unísono contra lo que consideran una «imposición» y un «teatro», el que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha convertido la mesa de negociación social. «Si no tienen en cuenta ninguna de nuestras propuestas, pues realmente saldrá la norma que ella quiera sacar. Y si tienen que hacerla el día 1 de julio pues, sinceramente, que lo hagan. Volverá a ser, como siempre, un monólogo social», espetó el presidente de CEOE a los periodistas que le abordaron para preguntarle sobre la reducción de jornada. «¿Qué vamos a presentar si llevamos 20 reuniones y nos dicen que no a todo? Que apruebe lo que quiera sin nosotros, que haga el teatro que quiera».
El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, no le fue a la zaga, y en unas jornadas sobre productividad reiteró en la misma línea que «yo creo en el diálogo social sincero y honesto, pero el Gobierno lo que hace es montar un teatro». El presidente de las pymes recordó que «nosotros ya hemos hecho nuestra propuesta», pero ninguna ha sido atendida. «Hemos pedido una distribución regular de la jornada, que haya flexibilidad, un mayor margen... Cuantas y cuantas cosas hemos puesto encima de la mesa y todas han sido desechadas. Eso no es diálogo social si solo se admiten las propuestas de una parte».
Cuerva volvió a avisar que las pymes españolas «no están en disposición» de realizar una reducción de la jornada laboral porque «no podrían aguantar» una bajada del tiempo de trabajo de «forma generalizada, sin sentido alguno, sin saber ni cómo están los sectores, ni los territorios, ni la empresa». En este sentido, Cepyme ha cuantificado en 40.000 millones de euros el coste que tendrán que afrontar las empresas por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, entre costes directos e indirectos. «El Impuesto de Sociedades anualmente recaba unos 35.000 millones, lo que significaría duplicar nuestros costes y pagar más que por el Impuesto de Sociedades de un año para el otro», apuntó el responsable de Estudios Económicos de Cepyme. Es decir, la pymes afrontarían una factura conjunta de 75.000 millones una vez esté implementada del todo esta medida, que afectaría a casi nueve millones de trabajadores que integran las plantillas de las pymes, a los que hay que sumar más de 3,3 millones de trabajadores autónomos.
Precisamente, el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, se despachó ayer largo y tendido en sus críticas al Gobierno en su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso, en la que cargó con dureza porque se haya dejado a los autónomos fuera del subsidio para mayores de 52 años y porque la propuesta en jubilación activa perjudica al colectivo. «Hemos vuelto a ser discriminados», después de que el Ejecutivo no haya convocado ninguna reunión institucional con los máximos representantes de los autónomos en lo que va de legislatura. También protestó por la sobrerregulación que está ahogando burocráticamente al colectivo. Más de 1.275.000 páginas con nuevas normas se publicaron en los respectivos boletines oficiales durante el año pasado. «En la práctica esto supone que si un autónomo quiere estar al día tiene que leerse diariamente 3.494 páginas». En cuanto a la reducción de jornada, lo tiene claro: «La idea de trabajar menos y ganar lo mismo le “encantaría” a los más de 3,3 millones de trabajadores autónomos pero se podría soportar de forma generalizada», por lo que considera que se tiene que «pactar empresa a empresa, sector a sector y territorio a territorio».
El Gobierno quiere reducir la jornada laboral para llevarla de las 40 horas semanales a las 37,5 sin merma salarial para 2025 y lo quiere hacer en dos tramos: hasta las 38,5 horas en 2024 para finalizar 2025 con 37,5 definitivamente.
