El acuerdo es bueno aunque el socio, Sánchez, sea malo. La letra es un avance hacia una mayor independencia del poder judicial. Falta que la música, su traslación a una proposición de ley conjunta en el Congreso de los Diputados, llegue a buen término. Este pacto coloca a España en la senda de las democracias europeas, y nos aleja momentáneamente del sistema iliberal y del modelo bolivariano. El acuerdo podría ser el inicio de una bonita amistad, a lo Casablanca, para que la política vuelva a la cordura, al consenso político por responsabilidad. No obstante, la realidad es que el sanchismo no puede vivir sin la guerra con la derecha. La sensación de espejismo es muy poderosa.
Sánchez no abandonará su desautorización constante de los jueces hablando de lawfare. Tampoco dejará de lado sus insultos constantes al PP, ni derribará el muro que levantó hace unos meses. Seguirá alimentando a Vox y a Alvise para dividir a la derecha, y usará ahora el acuerdo de la renovación del CGPJ para que se desate la demagogia de los competidores del PP. Ya lo hicieron esos dos con la figura del Rey, y en este momento toca el poder judicial. El sanchismo está consiguiendo que a la derecha del Partido Popular aparezca Vox como un partido semileal al sistema del 78 –siguiendo la terminología de Linz– solo para competir con Feijóo, y más allá otro abiertamente antisistema, el de Alvise.
Ese escenario de división y confrontación es el soñado por Sánchez. Si siembra un acuerdo con el PP no ha sido para desaprovechar la ocasión de remover el resto del escenario político y sacar provecho. De hecho, ya sabía Sánchez que a las extravagancias de Vox con sus coletillas habituales le iban a acompañar las quejas fingidas de los socios parlamentarios del PSOE. Todo estaba previsto. Belarra tenía que parecer de izquierdas frente a Yolanda Díaz y ha reclamado más poder para los soviets, y lo de Rufián ha estado en su tónica de pagafantas con reproches.
Las quejas de Santiago Abascal por el acuerdo han sido tan parecidas a las de Gabriel Rufián que es para hacérselo mirar por ambos. El líder de Vox sigue con su muletilla de que el Partido Popular y el Partido Socialista «son lo mismo», y el portavoz de ERC ha anunciado que los socialistas tienen en los populares a su nuevo socio. De ser cierto no se entiende que Vox gobierne con el PP en tantas autonomías y municipios, y que ERC siga apoyando a Sánchez en el Congreso.
La prueba de que el acuerdo entre el PP y el PSOE es bueno para la estabilidad de la democracia constitucional de 1978 es que los extremos se han quejado. Que rabien los que quieren romper el consenso y creen que la política es conflicto, que se enfaden los que desprecian la responsabilidad de los grandes partidos, que se indignen los que quieren ver fuera de las instituciones a media España e insultan a los demás por no votar a su partido, es una muy buena noticia.
Ahora bien, hay algo que no cambia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no es de fiar. No tiene palabra. Prefiere la exclusión del adversario a cualquier acuerdo. No le importa la conservación del orden constitucional, ni la independencia del poder judicial, ni el Estado de derecho. Este acuerdo se lo ha arrancado el Partido Popular con habilidad, a la fuerza, para evitar que aumente la colonización de las instituciones.
Que no quepa duda alguna de que el deseo de Sánchez no era tener un Consejo General del Poder Judicial libre, sino sumiso. El sanchismo hubiera preferido pactar esto con Bildu, ERC y los comunistas, pero en esta ocasión no ha podido porque no le salían las cuentas ni la Unión Europea lo iba a admitir. Nos hemos librado de que hubiera magistrados impuestos por estos rupturistas. Por eso cabe felicitarse por el pacto, aunque sea un espejismo. Es una bocanada de aire ante tanta presión autoritaria del Gobierno.
