«Satisfacción» absoluta en la parte socialista tras el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial. El interlocutor en las negociaciones, el también ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, no quiso ocultar ayer su «alegría» cuando oficializó que «por fin podemos decir que hay un acuerdo». En el Gobierno se felicitan de haber puesto, después de más 2.000 días, fin a una «anomalía constitucional» y de resolver la que ya se había convertido en la gran asignatura pendiente de Pedro Sánchez en sus seis años en el poder.
El desbloqueo del CGPJ en los términos de la legislación actual es un balón de oxígeno para un Gobierno que a duras penas puede vender acción ejecutiva en lo que va de legislatura. Además, le permite corregir el sesgo de mayorías –la actual composición bebe de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en 2011– en un órgano de gobierno de los jueces que se le había tornado adverso en numerosas decisiones. En el acuerdo rubricado con el PP, el PSOE se compromete a dejar en manos de los nuevos vocales el diseño de un futuro sistema de elección. Sin embargo, los «consensos» requeridos para que este llegue a prosperar suponen en sí un freno para que, en la práctica, se lleve a cabo tal cambio de modelo. «Se iniciará un diálogo para ver si es posible», aseguró en condicional el ministro Bolaños.
El Gobierno siempre se ha opuesto a avanzar en esta reforma del sistema actual, para que los jueces elijan a sus pares, como defiende el PP, y ha votado sistemáticamente en contra de las propuestas que los populares han elevado en el Congreso a tal efecto. Por tanto, de lograrse el consenso de tres quintos en el CGPJ para elevar una propuesta, esta, presumiblemente, chocaría con el muro de la actual mayoría de investidura que sostiene a Sánchez en el Congreso. En Moncloa consideran que una vez abierta la espita del entendimiento con el Partido Popular, a la espera de lo pesada que sea la digestión del pacto en el sector más duro de la formación, se podrán generar las condiciones para avanzar en otras renovaciones pendientes, tales como las del gobernador del Banco de España, el Consejo de RTVE, la CNMC o la CNMV, entre otros organismos. En la reunión de ayer solo estaba sobre la mesa el bloque judicial y, en este sentido, también se desbloqueó el nombramiento pendiente del magistrado del Tribunal Constitucional. «Si hay voluntad todo llega. Somos tercos negociadores, buscadores de consensos», se reivindicaban fuentes socialistas.
En el Gobierno esperan, también, que este acuerdo permita mejorar el clima político, orientándose hacia la «política útil basada en el diálogo y los acuerdos, totalmente opuesta a las formas y estrategias de la ultraderecha», señalan fuentes socialistas. Finalmente, el ultimátum de Sánchez ha tenido efecto y ha quedado ya sin efecto. Al alcanzarse un acuerdo antes de que culminase el presente mes de junio, el Gobierno renuncia a llevar al Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por la que preveía hurtar al CGPJ de las competencias para hacer nombramientos, una vez adquiriera plenas funciones, para evitar el «incentivo perverso» de bloqueos futuros. Ahora, esta potestad se blinda, fijando que sean los vocales por un consenso de 3/5 quienes los decidan.
El propio Sánchez ha seguido muy de cerca las negociaciones, con la confianza de que esta vez sí llegaran a buen puerto tras varios intentos fallidos. En el Ejecutivo han mantenido la cautela hasta el último momento, mostrando su desconfianza: «Hasta que no esté hecho, no me fío. Hemos estado tantas veces a punto», señalaban en las horas previas fuentes gubernamentales. Sin embargo, esta vez, todas las señales apuntaban al acuerdo y el clima, sin reproches hacia el principal partido de la oposición en público, eran muy sintomáticas. Veremos cuánto duran.
