En el sector inmobiliario hay unanimidad en que es urgente modificar la Ley del Suelo. Lo es, dicen, porque en un momento en el que la falta de oferta está tensionando los precios de la vivienda y cerrando el acceso a la misma a los colectivos más vulnerables, es preciso cambiar una normativa que ahora mismo está atascando el desarrollo de planes urbanísticos por cuestiones menores. Y esa urgencia que percibe el sector es la que le tiene en este momento hastiado ante el bloqueo parlamentario que sufre la norma.
El Gobierno anunció a principios de año su intención de llevar nuevamente al Congreso de los Diputados la modificación del texto que decayó con la convocatoria de las elecciones generales en julio de 2023. Sin embargo, llegado el momento, se echó atrás. El Ejecutivo ordenó el pasado 23 de mayo retirar del orden del día del Pleno de la Cámara Baja la votación del proyecto de ley de modificación de la Ley del Suelo. El Ejecutivo, que necesitaba la abstención del PP para sacarla adelante dado que Podemos, ERC, Junts y el socio del PSOE en el Gobierno, Sumar, se oponen al texto diseñado por el Ministerio de Vivienda, adujo entonces que prefería dejar su debate para después de las elecciones europeas y acusó el PP de carecer de "sentido de Estado" por no apoyar la reforma.
Aunque se parapetó detrás de la acusación de falta de altura de miras del PP, lo cierto es que Moncloa también optó por anular una votación que tenía perdida y que hubiera supuesto el segundo revolcón parlamentario en una semana después de que dos días antes la Cámara tumbase su propuesta de ley para prohibir el proxenetismo.
Tal y como prometió, el PSOE, de la mano del PNV, presentó hace un par de semanas una nueva proposición de ley para cambiar la norma que, a día de hoy, parece abocada a fracasar. En paralelo a la iniciativa de socialistas y nacionalistas, el PP ha presentado su propia ley, que ha denominado Ley para el desarrollo urbano y la vivienda, con la que pretende modificar cuatro leyes: la del suelo, la de vivienda, la de jurisdicción contencioso-administrativa y la reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
Aunque fuentes del sector aseguran que entre una y otra propuesta hay muchos puntos en común que podrían invitar a un acuerdo entre ambas partes que desbloqueara la modificación de la Ley del Suelo, también añaden que el hecho de que el PP trate a través de su propuesta de eliminar dos de los puntos esenciales de la Ley de Vivienda, el control de precios de los alquileres y lo que consideran excesiva protección de los okupas, hace a día de hoy casi imposible el acuerdo.
Las mismas fuentes aseguran que desde Vivienda consideran inaceptable modificar la normativa estrella que lograron aprobar no sin mucho sufrimiento en mayo del año pasado. Por ello, aseguran que el departamento de Isabel Rodríguez tratará de buscar puntos de acuerdo con sus socios en el Congreso para sacar adelante su propuesta sin depender del PP.
Y mientras la propuesta sigue así enredada, en el sector inmobiliario, el desencanto y la frustración van en aumento. Consideran que la modificación de la Ley del Suelo, que es más de tipo técnico que político, no puede esperar y que precisamente el consenso que hay en que se tiene que modificar y su carácter técnico, deberían facilitar su acuerdo.
[[QUOTE:PULL|||El sector insiste en que es vital modificar la normativa para desatascar el desarrollo de nuevas suelos para construir vivienda]]
El sector inmobiliario ha repetido en los últimos meses lo vital que es modificar esta norma. Recuerdan que uno de los problemas para promover nuevas viviendas ahora mismo en España es que no hay suelo donde construirlas. No físico, sino que tenga la calificación urbanística precisada para desarrollar promociones. El sector asegura que se están haciendo promociones en suelos que tienen 25 años de desarrollo pero que este suelo se acaba, por lo que, si no se hacen cambios profundos, se va a dar una situación muy complicada.
La Ley de Suelo juega en este aspecto un papel fundamental porque aspira a resolver aspectos como la paralización de los planeamientos urbanísticos por defectos menores que se pueden subsanar fácilmente, lo que permitiría desatascar el "cuello de botella" que supone el suelo y que lleva a que, en ocasiones, se tarden hasta veinte años en desarrollar algunos suelos para habilitarlos para la construcción de viviendas.
Según datos que maneja la patronal de las promotoras, APCEspaña, en la actualidad hay casi un centenar de municipios afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de sus respectivos planeamientos urbanísticos. Se trata de un dato muy revelador, sobre todo si se tiene en cuenta que, en términos de población, en estos municipios afectados se concentra una población de casi cuatro millones de personas.
