Las organizaciones Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future, Ecologistas en Acción y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción ante el cambio climático.
De esta manera, se agota la vía de recursos nacionales después de que el Tribunal Supremo fallara en contra el pasado mes de julio, lo que posibilita el acceso al Tribunal de Derechos Humanos (TDEH), que ya sentenció contra Suiza, y cuya resolución es aplicable a España, ha explicado Greenpeace este lunes en un comunicado. Con esta demanda, los ecologistas dan un paso decisivo y "esperan que el Constitucional corrija la decisión del Tribunal Supremo que desestimó esta demanda".
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce que el cambio climático afecta a todas las personas y en consecuencia, procede a interpretar que la inacción por parte de los estados afecta a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Igualmente la reciente opinión del Tribunal Internacional de la Ley del Mar ha recogido que los estados tienen la obligación de prevenir, reducir y controlar la contaminación producida por los gases de efecto invernadero y que deben proteger el medio marino en el contexto del cambio climático.
Ante esta situación, las cinco organizaciones demandantes esperan que la justicia española tome en consideración estos pronunciamientos y obligue al Estado a cumplir con sus responsabilidades climáticas: "Si no fuera así, estamos dispuestas a llegar hasta Estrasburgo para que sea la Unión Europea quien defienda a la ciudadanía".
“La vida y la salud de millones de personas en todo el mundo están gravemente amenazadas si no se actúa con urgencia y contundencia frente al cambio climático”, según Inés Díez, la representante legal de Greenpeace. "Con este proceso, luchamos por el derecho de las generaciones presentes y futuras a disfrutar de un medio ambiente en el que desarrollar una vida digna y no vamos a parar hasta que España cumpla con sus obligaciones climáticas y adopte medidas necesarias frente al cambio climático", ha incidido Díez.
Las organizaciones denuncian que España continúa muy lejos de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones que le corresponden, de acuerdo con su capacidad y su responsabilidad histórica en la emisión de CO2 a la atmósfera. El objetivo a alcanzar en 2030 debería ser del 55% de reducción de emisiones, en lugar del 32% propuesto en el borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), tomando como base las emisiones de 1990, según las ONG.
Este hito jurídico llega casi dos meses después de que el TDEH hiciera historia el pasado abril al condenar a Suiza por no proteger a su población de los impactos del cambio climático, tras una demanda presentada por ‘KlimaSeniorinnen’, un colectivo de más de 2000 mujeres mayores de 65 años.
Las ‘abuelas por el clima’ de Suiza, como se conoce también a la asociación KlimaSeniorinnen, iniciaron un litigio contra el Gobierno suizo en 2016 por considerar que sus vidas y su salud están amenazadas por las olas de calor causadas por el cambio climático. Su caso fue rechazado por la Justicia suiza, que argumentó que el grupo no podía demostrar un daño directo e individualizado, pero las 2.038 mujeres llevaron su demanda contra el Gobierno de Suiza ante el TEDH en 2020.
En una sentencia histórica, el TEDH condenó por primera vez a un país por su inacción frente al cambio climático. Con dieciséis votos a favor y solo uno en contra, la Gran Sala reconoció que Suiza ha violado los derechos humanos de las personas mayores al no adoptar medidas efectivas para enfrentar el calentamiento global.
