La Sala Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido una denuncia presentada por un particular contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, derecho a tratamiento médico y delito de prevaricación con la agravante de premeditación, en relación al fallecimiento de 7.291 ancianos en residencias de la Comunidad durante la pandemia de Covid-19.
Los magistrados afirman que la denuncia no aporta "datos precisos para concluir en qué medida los criterios de derivación hospitalaria" a los que la denuncia se refiere como "protocolos de la vergüenza" fueron "acertados y rigurosos médicamente en función de la situación epidemiológica y hospitalaria de cada momento". "Como tampoco de cuál fue el verdadero grado de cumplimiento de esos protocolos o de qué concretos pacientes pudieron fallecer por su aplicación”, añade el alto tribunal.
Según la Sala, la denuncia está planteada en términos "genéricos e indeterminados" y no vincula "el fallecimiento de concretas personas con concretas medidas o decisiones adoptadas por la persona denunciada". El Supremo deja claro que una eventual atribución de responsabilidad penal a Ayuso exigiría "apreciar con nitidez la existencia de una relación de causalidad concreta y precisa entre los fallecimientos y enfermedades y las medidas adoptadas o las no adoptadas pero que debieron serlo", por lo que ese necesaria relación de causalidad "no puede plantearse en los términos genéricos o difusos en que aparecen en la denuncia".
En todo caso, el Tribunal Supremo asegura que el archivo de la denuncia "es compatible con el cuestionamiento crítico de las decisiones que en ámbito sanitario se pudieron tomar por los responsables de la Comunidad Madrid, como también por el resto de comunidades autónomas o del Gobierno estatal durante la gestión de la pandemia", particularmente en relación con las residencias de personas mayores. De ahí que la Sala subraye que la decisión de archivo del procedimiento "ni es un aval a las políticas sanitarias que se aplicaron en relación con las residencias de personas mayores, ni lo contrario".
De hecho, recuerda que se han presentado numerosas denuncias ante la Fiscalía y ante los juzgados de instrucción de la Comunidad de Madrid por estos mismos hechos, en relación con residencias determinadas y personas concretas, a las que alude la propia denuncia. "Es en esos procedimientos en los que puede esclarecer lo ocurrido, determinando qué fallecimientos pudieron estar asociados a decisiones políticas, administrativas o de gestión y cómo, por quién y de qué manera se tomaban las decisiones de no derivación hospitalaria", concluye la resolución.
