Su abogado reclama al magistrado del Tribunal Supremo que aplique ya la Ley de Amnistía al expresident
Carles Puigdemont ha instado al magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena a dejar sin efecto la orden nacional de detención contra él en aplicación de la Ley de Amnistía. En un escrito remitido al instructor de la causa del "procés", el abogado Gonzalo Boye -que ayer ya solicitó al Tribunal de Cuentas que archive la causa contable contra el expresident por el desvío de fondos para financiar el desafío soberanista- sostiene que "con independencia de la inexistencia de delito alguno", resulta "evidente" que una lectura "reposada y desapasionada" de la Ley de Amnistía "permite, manifiestamente, su aplicación a los hechos objeto del presente procedimiento", por lo que apremia a Llarena a "declarar amnistiados" dichos hechos acordando el sobreseimiento libre respecto a Puigdemont.
El letrado pide en consecuencia "el levantamiento de las medidas cautelares" que afectan al líder de Junts, "específicamente, la orden de busca y captura e ingreso en prisión" acordada el 12 de enero de 2023, que según su criterio "debe ser revocada" en aplicación de la polémica normativa.
Boye expone que "restringir la libertad personal" de Puigdemont "sería manifiestamente contrario a dicho derecho fundamental, pues se estarían vulnerando los principios de proporcionalidad y necesidad" lo que -se queja- "va en contra de los criterios aplicables al caso establecidos tanto por el Tribunal Constitucional, como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
En cuanto al delito de malversación por el que está procesado Puigdemont, junto al de desobediencia, tras la derogación de la sedición, argumenta que "de haber existido, lo habrían sido con la intención de promover o procurar la celebración del referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre de 2017", por lo que " no resulta posible identificar el propósito de enriquecimiento con el ánimo de lucro".
La defensa del líder independentista cree que "resultaría arbitraria, ilógica, absurda e irracional una interpretación que pretendiera identificar el propósito de enriquecimiento", que queda excluido de la aplicación de la Ley de Amnistía, con el ánimo de lucro. Ese interpretación, defendida por los fiscales del "procés" y al que se opuso el fiscal general del Estado -que ayer obtuvo el respaldo por la mínima del Consejo Fiscal- es "contraria a la jurisprudencia inveterada de esta Sala, que, desde hace décadas, viene subrayando la distinción entre el propósito de enriquecimiento y el ánimo de lucro", recalca.
Para Boye, la excepción que introduce la propia Ley de Amnistía en relación al delito de malversación con un propósito de enriquecimiento es "clara", por lo que "resulta obvio que no concurre en el presente caso, habiendo sido, además, la propia Sala la que ha concluido que no existió dicho propósito y, por tanto, necesariamente lleva a la conclusión de que no estamos ante unos hechos excluidos" del ámbito de aplicación de la medida de gracia, "como voluntariosamente han pretendido algunos integrantes del Ministerio Fiscal".
Según el letrado, tampoco existe "afectación a los intereses financieros de la Unión Europea" en los hechos atribuidos a Puigdemont y sus entonces consejeros -el desvío de fondos públicos para financiar el proceso soberanista-, una conclusión de la que discrepan los fiscales del "procés", que sí consideran que esa apropiación de dinero público repercutió en los intereses financieros de la UE.
