División interna en la Junta de Fiscales de Sala que secunda la aplicación de la norma a la malversación de Puigdemont y Junqueras
La Junta de Fiscales de Sala ha respaldado pese a la división interna, la aplicación de la Ley de Amnistía al delito de malversación del "procés", como defiende el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se enfrentó a los fiscales a cargo de la causa tras su negativa a informar a favor de que la medida ampare el desvío de fondos por el que fue condenado Oriol Junqueras y ha sido procesado Carles Puigdemont.
Aunque la decisión de la cúpula del Ministerio Público, con 19 votos favor, uno de ellos el del propio García Ortiz, 17 en contra y una abstención, no es vinculante, supone un espaldarazo a García Ortiz en su pulso con los fiscales Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno, para quienes la medida no puede aplicarse a la malversación del proceso soberanista en Cataluña. Ahora, serán la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal jefe de lo Penal de la Fiscalía del Supremo, Joaquín Sánchez-Covisa, los encargados de informar a favor de la amnistía a Puigdemont, Junqueras y el resto de exconsellers afectados, tanto a la Sala Penal del alto tribunal como al magistrado Pablo Llarena, que hace unos días recabaron la opinión de acusaciones y defensas sobre este asunto antes de decidir sobre la aplicación de la polémica normativa a la causa del "procés".
La Junta, integrada por 38 miembros, está compuesta mayoritariamente por fiscales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenece el propio García Ortiz: 17 frente a los nueve de la Asociación de Fiscales y once no asociados. En la reunión de hoy han participado de forma presencial 34 fiscales. Otros dos lo han hecho de forma telemática y dos más han excusado su asistencia por razones médicas.
La intervención de los fiscales de Sala se produce después de que los cuatro fiscales del "procés" se negaran a acatar la orden de García Ortiz de informar a favor de la aplicación de la amnistía a los condenados y procesados por malversación en el marco de este procedimiento, lo que mantendría a Junqueras inhabilitado hasta 2031 y dejaría en vigor la orden nacional de detención de Puigdemont y de los también fugados Toni Comín y Lluís Puig.
Según los cuatros fiscales encargados de la causa la apropiación de fondos para financiar el proceso soberanista es equiparable a un enriquecimiento ilícito, pues se destinaron a fines ajenos a los legalmente establecidos, un supuesto que la Ley de Amnistía deja expresamente fuera de su ámbito de aplicación. Además, defienden que en todo caso no se pueden beneficiar de la medida de gracia porque ese desvío de dinero público atentó contra los intereses financieros de la Unión Europea.
El fiscal general, sin embargo, discrepa de ese posicionamiento y, tras reprochar a los fiscales del Supremo sus valoraciones "extrajurídicas" sobre la Ley de Amnistía (que en sus informes califican de "arbitraria"), dejó claro que el perjuicio patrimonial que implica la malversación no se puede equiparar con "el enriquecimiento personal de carácter patrimonial" que la polémica normativa impide amnistiar. Del mismo modo, García Ortiz defendió que ese desvío de fondos no afectó de forma directa a los intereses financieros de la Unión.
No es la primera vez que la Junta de Fiscales de Sala se reúne para dirimir una discrepancia entre el fiscal general y un representante del Ministerio Público. El pasado abril, la cúpula fiscal ya se reunió para abordar el posicionamiento de la Fiscalía respecto a la querella del empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales de Madrid por revelación de secretos, a cuenta de la publicación de una nota explicitando los contactos con su defensa para alcanzar un acuerdo de conformidad a cambio de reconocer el fraude tributario de 350.000 euros que se le imputa. Entonces, la Junta avaló, pese a la división interna, la postura de García Ortiz. La Fiscalía, finalmente, se opuso a la admisión a trámite de la denuncia, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desoyó ese criterio y acordó tramitar la querella, que mantiene al fiscal general a un paso de ser investigado en el Tribunal Supremo (TS) tras haber admitido que fue él quien dio la orden para que el comunicado se publicara.
