El caso de Julio Roque, médico cubano, no es único; miles de facultativos extranjeros están a la espera para poder ejercer en España
Julio Roque nunca pensó que se vería en estas. Hace tres años decidió pedir la homologación de su título de médico pediatra para poder trabajar en España. A sus 61 años y después de ejercer durante más de 35 en La Habana, creyó que era un buen momento para instalarse aquí, donde residen su pareja y uno de sus hijos. Según sus cálculos, la solicitud debía de tardar unos dos años, que es la media oficiosa desde que en 2021 todo el proceso comenzara a ralentizarse. Así que en marzo del año pasado hizo las maletas y se dispuso a empezar una nueva etapa en su vida. Nada ha salido como esperaba.
«Tenía una oferta de trabajo en Cataluña. De hecho, en cuanto llegué fui para allá. Antes sabías que las homologaciones se demoraban pero que salían en un plazo aproximado de dos años, que ya es bastante. El contrato que debía firmar estaba listo y se daban todas las condiciones. Fui a la entrevista, presentamos los papeles y la cosa empezó a alargarse y el documento imprescindible no llegaba. Todavía, a día de hoy, no ha salido y, por supuesto, perdí aquella oportunidad», explica en conversación telefónica con LA RAZÓN desde Salamanca.
A esta situación indeseada de desempleo se une otra aún más compleja. Julio, que llegó con un visado de turista, se encuentra ahora en una situación irregular al haberse vencido ese permiso y no haber logrado firmar un contrato de trabajo. A pesar de todo, este veterano pediatra no parece muy preocupado por sus perspectivas laborales porque sabe la desesperada situación de la Sanidad en nuestro país. Eso sí, sin una homologación previa el ejercicio de la Medicina en España lo tiene completamente vetado: «Sé que cuando lo consiga habrá trabajo para mí, lo malo es que como no ingreso un sueldo nos estamos comiendo el dinero de mi retiro, así que voy a tener que cambiar mis planes de jubilación y trabajar muchos años más».
No hay una cifra oficial, pero se calcula que el número de médicos extranjeros en esta situación de limbo en nuestro país gira en torno a 5.000, aunque es verdad que al menos la mitad acaba emigrando a otro país comunitario en cuanto obtienen el visto bueno. Los sueldos que se pagan a los sanitarios fuera de nuestras fronteras pero dentro de la Unión Europea son astronómicos comparados con los patrios. Julio es el secretario general del Movimiento de Homologaciones Cubanas, que en abril de este año se manifestó frente al Congreso de los Diputados para protestar por lo que consideran un freno en seco de la convalidación de titulaciones universitarias desde el pasado mes de septiembre. Aunque no lo expresa abiertamente, de su discurso se deduce que adivinan cierta motivación política detrás de esta discriminación que el Gobierno atribuye a «irregularidades» en los sellos de legalización: «Llegó un momento en que veíamos que salían homologaciones de colombianos, venezolanos, argentinos... y de Cuba, ninguno. Nos llamó la atención y nos preocupó, claro. Algo raro estaba pasando. Yo llevo más de tres años esperando, pero la triste realidad es que hay gente que incluso ha superado los cuatro años de incertidumbre y profesionales que acaban tirando la toalla y regresan a sus países de origen. Cuando no encuentras una explicación racional empiezas a pensar en algo más irracional».
En España, las homologaciones de títulos universitarios obtenidos en el extranjero son competencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Preguntado al respecto por este periódico a través del correo electrónico, el ministerio competente remite a unas declaraciones del nuevo secretario general de Universidades, Francisco García, quien avanzó en su toma de posesión el pasado 3 de junio que «por mandato de la ministra, ya se está trabajando para articular un cambio radical y absoluto en el sistema de homologaciones, de sus procedimientos y de sus actores, porque necesitamos incorporar talentos con formación universitaria desde el extranjero».
Julio Roque se muestra confiado en que habrá pronto un cambio sustancial del que se podrán beneficiar miles de doctores que, como él, aguardan con avidez una respuesta positiva para reactivar sus planes de vida. Asegura que, aunque no hay duda ninguna de que en España hay médicos excelentes, la práctica en un lugar como Cuba, en el que la falta de recursos hace agudizar el ingenio, tiene mucho que aportar: «Esto es interesante porque trabajar en esas condiciones puede ser muy frustrante por una lado, aunque también es positivo porque aprendes a sacar el mayor partido posible al intelecto. Eso significa poder hacer un diagnóstico con la historia clínica, oyendo lo que te cuenta el paciente. Puede ser más gratificante que encontrar la solución de casualidad. Había un profesor mío que decía que el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Y cuando yo ejercí de docente en la Universidad animaba a mis estudiantes a hacer el diagnóstico con una sola prueba. Y lo conseguían».
A este pediatra cubano le resulta especialmente inaudito que ante la falta de médicos en España no se haya agilizado aún la incorporación de extracomunitarios. Resulta aún más sangrante la ralentización de títulos de fuera de la UE ante el verano que nos espera por delante, en el que la Atención Primaria se va a ver privada de unos 2.224 médicos de Familia MIR (más 481 pediatras) que solían incorporarse cada año por estas fechas para cubrir las vacantes por vacaciones en los centros de salud, que suelen ascender a 5.400 facultativos. No van a llegar a tiempo de ejercer por el retraso en su formación que supuso la pandemia de 2020. Esta misma semana, la posibilidad de que Sanidad hiciera la vista gorda y los llamara a filas de todas maneras ha generado un choque frontal entre las Comunidades Autónomas y la titular del Ministerio, Mónica García. Los gobiernos autonómicos llevan meses alertando de lo que iba a ocurrir y acusan a la Administración central de no haber querido tomar cartas en el asunto cuando aún había tiempo de enmendar esta tormenta perfecta que acecha a sanitarios y pacientes.
El último Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado el pasado viernes, comenzó y terminó de nuevo en trifulca. Las comunidades gobernadas por el PP acusaron a Mónica García de «esconderse» tras un amplio orden del día (de una veintena de puntos) con tal de no tratar el tema mollar del momento, que es la alarmante carencia de médicos. En opinión de los populares, la titular de Sanidad está incurriendo en una grave negligencia al «no hacer uso de sus facultades y no atender a sus responsabilidades por dejar el tema de la falta de profesionales en mano de las comunidades autónomas que no tienen estas competencias». En concreto, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid (donde apenas faltarían unos 200 médicos de Familia), Fátima Matute, cargó contra la ministra por estar más centrada, según dijo, en las luchas por el liderazgo de Sumar que en gestionar la Sanidad: «Es una ministra sindicalista que se pone detrás de una pancarta y que pertenece a un grupo político en decadencia, y está más preocupada en pensar si tiene un carguito en la OMS (Organización Mundial de la Salud) o en si puede sustituir con lucha de sables ahora a Yolanda Díaz que en gestionar la Sanidad».
Más allá del rifirrafe político, la realidad es que algunos centros de Atención Primaria van a tener que cerrar sus puertas ante la falta de efectivos. Según en qué lugares, ponerse malo estos meses de julio y agosto va a ser una actividad de alto riesgo. Ya sabemos, por ejemplo, que en País Vasco hasta 15 ambulatorios colgarán el cartel de cerrado y más de un centenar verán alterados sus horarios para hacerlos mínimamente operativos. En otros lugares como Cantabria se va a clausurar una veintena de centros rurales y como imaginativa solución han ofrecido pagar el transporte hasta otros centros más lejanos a los sufridos pacientes que así lo requieran. Mientras, en comunidades como la valenciana han prolongado hasta el 30 de noviembre la fecha en la que sus facultativos pueden coger vacaciones para que la estampida estival sea más escalonada. Aunque esto no sea Cuba no cabe duda de que la creatividad de los profesionales de la Salud está haciendo posible que se salve un verano que se antojaba como imposible.
Según un médico madrileño que pide mantener el anonimato, el descuido de la Atención Primaria no es algo nuevo y ya llevamos, al menos, «una década de retraso para haber puesto alguna solución». Él reparte las culpas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas que son, al fin y al cabo, las que deciden cosas cruciales como el sueldo a pagar. «Cada día es todo más precario, no me extraña que se vayan tantos profesionales fuera de nuestro país. Vivimos en el capitalismo y en esto, como en todo, lo que manda es la ley de la oferta y la demanda». Este médico de Familia se muestra dolido de que tras los ingentes esfuerzos de los sanitarios durante la pandemia «hayamos pasado en tres días de los aplausos de las ocho a que se nos ignore totalmente y no se nos tenga en cuenta porque ya no seamos tan necesarios».
