El Gobierno se enfrenta hoy a la que puede ser otra jornada aciaga para sus intereses en el Congreso de los Diputados. Después de que su ley para prohibir el proxenetismo fuese rechazada con estrépito el pasado martes, hoy llega al pleno la Ley del Suelo también con malas perspectivas para los de Pedro Sánchez.
La Cámara Baja votará las enmiendas a la totalidad presentadas por Podemos, ERC y Junts para devolver la reforma de la norma impulsada por el Ministerio de Vivienda, a la que además de estas formaciones también se opone Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición. El texto podría así caer en su primer examen parlamentario si el PP decide votar en contra, circunstancia que no está descartada.
Aunque los populares no han desvelado cual será el sentido de su voto, se han mostrado en contra de sostener a Sánchez cuando se encuentre desvalido del apoyo de sus socios parlamentarios nacionalistas, como ocurre ahora.
El PP, que facilitaría la tramitación de la ley con su mera abstención, reconoce que la actual genera «inseguridad jurídica» y mantiene a un centenar de municipios y a cuatro millones de habitantes con su planeamiento y sus desarrollos urbanísticos «en vilo», pero considera que la reforma planteada es «insuficiente». «Podemos estar conformes con el objetivo final, pero no con la ambición que han puesto en esa ley. Si nos van a copiar, copiennos bien», pedía hace unos días la diputada del PP Sol Cruz-Guzmán al secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas.
Ayer mismo, durante su intervención en la inauguración de la 25ª edición del salón inmobiliario de Madrid, SIMA, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, aseguró que es complicado que el Ejecutivo pretenda aprobar la Ley de Suelo con unos socios diferentes a los que respaldaron la Ley de Vivienda. Y eso, añadió, sin perjuicio de reconocer que la ley contiene elementos que pueden ser beneficiosos para el sector.
Los socialistas defienden que la reforma no contiene elementos ideológicos y que resuelve problemas que se llevan generando en los municipios desde hace más de cuarenta años, como la paralización de los planeamientos urbanísticos por defectos menores que se pueden subsanar fácilmente, y aseguran que ayudará a impulsar la promoción de vivienda en alquiler asequible y social.
Desde Sumar, sin embargo, consideran, en palabras de su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, que abre las puertas al «pelotazo urbanístico» y es una «mala propuesta «que no responde a los problemas fundamentales del país», un argumento que también esgrime Podemos.
La norma cuenta con el apoyo del sector inmobiliario, que considera también necesario sortear este tipo de problemas de una forma más ágil para permitir los desarrollos urbanísticos.
Desde la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) aseguran que la norma que quiere aprobar el Gobierno es «clave» porque va a permitir atacar uno de los cuellos de botella del sector, como es el desarrollo del suelo. Un suelo, aseguran, puede llegar a tardar en desarrollarse veinte años, algo que, añaden, no tiene sentido en pleno siglo XXI. Según la APCE, en el mercado libre, un 40% del precio de la vivienda es el precio del suelo.
