Solo una de los investigados por terrorismo por su supuesta relación con Tsunami Democràtic -una de las causas que la ley de amnistía dejará en papel mojado salvo que la Justicia europea diga lo contrario- ha comparecido ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. La dirigente de ERC Marta Molina ha declarado por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona para negar que la plataforma independentista que abanderó en 2019 las protestas callejeras contra la sentencia del "procés" incitase a la violencia en sus convocatorias. Según fuentes jurídicas, a preguntas de su abogada (se ha negado a responder al magistrado y al resto de acusaciones, así como a las demás defensas), Molina ha asegurado en una breve comparecencia que "siempre ha defendido los derechos de una forma pacífica", que "no participó en ningún acto violento" y que "los comunicados de Tsunami Democrátic no incitaban a la violencia".
Molina ha sido la única en atender la citación judicial. García Castellón había suspendido previamente tres de los interrogatorios -el del jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, por motivos de salud, y los de Marta Rovira y el empresario Oriol Soler por problemas de agenda de sus abogados-, por lo que solo se mantenían vigentes las citaciones de otros siete investigados. Ninguno de ellos ha comparecido finalmente.
Xavier Vendrell, ex secretario de Organización y Finanzas de ERC; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; el informático Jaume Cabani, supuesto responsable de Finanzas de Tsunami; el dirigente de Ómnium Cultural Oleguer Serra; el empresario Josep Campmajó y el banquero italiano Nicola Flavio Giulio Foglia (también vinculado con las finanzas de la plataforma) han dado plantón al instructor.
La comparecencia de este último por videoconferencia era la más complicada a priori, pues en la resolución en la que fijó la fecha de los interrogatorios, el juez pidió a las Fuerzas de Seguridad que intentaran localizarlo y anticipó que, en caso de no tener éxito esas gestiones, se libraría una orden europea de investigación (OEI) a Italia para intentar conocer su paradero a efectos de trasladarle la citación judicial.
La defensa de otros dos investigados, Campmajó y Serra, también había solicitado suspender sus comparecencias por los mismos motivos de agenda por los que el letrado pidió la misma medida respecto a otro de sus defendidos, Oriol Soler.
