En contra del criterio de la Fiscalía, revoca el cierre de la causa y obliga también al instructor a pronunciarse sobre la declaración de siete testigos protegidos
El juez de la Audiencia Nacional Francisco De Jorge tendrá que tomar declaración a tres etarras en relación al atentado de Sangüesa (Navarra) en el que fueron asesinados el 30 de mayo de 2003 los policías Julián Embid y Bonifacio Martín Hernández.
Así se lo ha ordenado la Sección Primera de la Sala de lo Penal, que ha revocado el cierre de la causa, que había apoyado la Fiscalía y al que se opusieron tanto Dignidad y Justicia (DyJ) como la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT)
En la resolución, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Sala insta al magistrado a tomar declaración a tres de los cuatro investigados que no han sido interrogados durante la instrucción, pese que en julio del pasado año se acordó su citación: Itxaso Zaldúa (que hace unos meses fue absuelta del asesinato del senador, y presidente del PP de Aragón, Manuel Giménez Abad), Jon Lizarribar y Gurutz Aguirresarobe.
Al mismo tiempo, insta al juez a pronunciarse sobre la "pertinencia y utilidad" de la declaración de siete testigos protegidos cuyo testimonio únicamente se produjo ante la Guardia Civil, pero no en sede judicial
Los magistrados se refieren a un informe de la Comisaría General de Información de la Policía de septiembre de 2023 que vincula con el atentado al exdirigente de ETA Mikel Carrera Sarobe, "Ata" -que ya declaró por estos hechos- y a Miren Itxaso Zaldúa.
En la resolución en la que acordó el cierre del sumario, el instructor argumentó que el dictamen policial descartaba que se pudiese responsabilizar de ese atentado a exjefes de ETA dado que, al ser las víctimas policías -objetivo habitual de ETA- y no políticos, la acción criminal no precisaba de "las órdenes directas y precisas" del comité ejecutivo de la banda terrorista.
Pero la Sala recuerda que la Policía apuntaba también a posibles autores materiales del atentado, respecto a quienes se acordó su declaración, "la que no se ha practicado", salvo en el caso de Carrera Sarobe, "sin que posteriormente haya sido dejado sin efecto o al menos se explique por qué ya es no es útil dicha diligencia de prueba".
El citado informe policial responsabiliza de la acción criminal a siete exdirigentes de ETA: Ibon Fernández de Iradi, "Susper"; Gorka Palacios; Félix Ignacio Esparza; Mikel Albisu, "Mikel Antza"; Ramón Sagarzazu; María Soledad Iparraguirre, "Anboto"; e Ignacio López de Vergara (como responsables de los "aparatos militar, logístico, político, internacional, de finanzas y de acogida"). No obstante, exculpaba a Garikoitz Aspiazu, "Txeroki", y Aitzol Iriondo, al considerar que en la fecha del atentado no formaban parte del comité ejecutivo de la banda terrorista.
Respecto a los etarras Garikoitz Arruarte y Gorka Loran Lafourcade –contra los que también se querelló Dignidad y Justicia- la Policía no halló indicios suficientes "para afirmar ni excluir la participación material" de ambos en el atentado, aunque admite que "pudiera ser posible".
En ese informe, los agentes apreciaban "ciertos indicios" que relacionarían con el atentado a los entonces presuntos miembros "liberados" (a sueldo) del "comando Basajaun" Mikel Carrera Sarobe, "Ata", y Miren Itxaso Zaldúa, una pertenencia que sin embargo no da por probada la sentencia que absolvió a la etarra del asesinato de Giménez Abas, por el que "Ata" sí fue condenado.
