García Castellón pone en marcha el mecanismo judicial de embargo tras no abonar "Anboto", "Kantauri", "Mikel Antza" e "Iñaki de Rentería" los dos millones de fianza civil que les impuso
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha puesto en marcha el mecanismo judicial para el embargo de dos millones de euros a cuatro exdirigentes de ETA procesados por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997, según confirman a LA RAZÓN fuentes jurídicas.
El pasado 25 de abril, el magistrado impuso una fianza de dos millones de euros a los exintegrantes de la cúpula etarra José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri»; Mikel Albisu, «Mikel Antza»; María Soledad Iparraguire, «Anboto»; e Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería», para hacer frente a posibles responsabilidades civiles a las que, en su caso, sean condenados por esta acción criminal que consternó a la sociedad española en julio de 1997.
El instructor dio 48 horas de plazo a los cuatro antiguos dirigentes de ETA para que abonaran esa cantidad de forma solidaria. Pero pasado ese plazo no lo han hecho, por lo que según las fuentes consultadas García Castellón ha ordenado de oficio que se investigue el patrimonio de los procesados para determinar los bienes susceptibles de embargo para garantizar judicialmente esa cantidad.
Precisamente el pasado 30 de abril Dignidad y Justicia (DyJ) instó a la Audiencia Nacional a ejecutar ese embargo una vez quedó claro que «Anboto», «Kantauri», «Iñaki de Rentería» y «Mikel Antza» no habían aportado la cantidad requerida en calidad de fianza de responsabilidad civil. La abogada de la asociación de víctimas, Vanessa Santiago, apremió entonces al magistrado de la Audiencia Nacional a acordar el «embargo de los bienes de los procesados».
La asociación que preside Daniel Portero instó al instructor a pedir a la Oficina de Averiguación Patrimonial que determinase «si cada uno de los procesados figuran como contribuyentes por algún concepto y si son titulares de bienes muebles o inmuebles», con vistas a ese posible embargo.
García Castellón imputa a los exintegrantes del comité ejecutivo o Zuba de la banda terrorista delitos de secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía, al considerarlos autores mediatos por la posición de dominio que ostentaban en la organización criminal. Una jerarquía que les habría bastado para impedir el asesinato.
En la resolución en la que acordó su procesamiento, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional considera improbable que la cúpula etarra no ordenase el secuestro del concejal del PP en Ermua (Vizcaya), «teniendo en cuenta el modo de actuar de ETA», donde el comité ejecutivo «era el órgano donde se decidían, planificaban, dirigían y autorizaban las acciones terroristas que cometían los comandos».
Los cuatro exdirigentes etarras, mantiene el juez, tenían «suficiente capacidad de mando y de decisión» sobre la actividad terrorista de la organización «como para haber podido tomar la decisión de que no se secuestrase a la víctima» y evitar así «el desenlace último». Bastaba con una orden «expresa y concreta» al «comando Donosti» para que Miguel Ángel Blanco hubiese sido liberado, pero «no lo hicieron», haciendo oídos sordos a «las movilizaciones de la sociedad civil» reclamando masivamente su puesta en libertad.
El instructor les considera autores mediatos del secuestro y asesinato del concejal del PP por el dominio de la organización que ostentaban, un «poder de mando» sobre los autores materiales que hizo que los terroristas ejecutasen «sin capacidad de discusión» la orden de la cúpula etarra.
Para el magistrado, la orden de secuestrar y asesinar al concejal de Ermua fue una decisión «colegiada» de todos los integrantes del comité ejecutivo de ETA, porque así lo exigía «el alcance, la repercusión y las consecuencias» de esa acción terrorista.
