Un informe sobre las adjudicaciones en pandemia constata un uso abusivo de la contratación de emergencia cuando ya no era necesaria
La falta de transparencia fue uno de los principales riesgos, pero no el único, que afectó a las adjudicaciones de emergencia que se formalizaron en las Islas Baleares durante el estado de alarma y el confinamiento de 2020. La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción alertó de que casi el 70% de las 294 licitaciones urgentes que analizó en su informe de octubre de 2020 no cumplieron con los criterios de transparencia de los contratos, ya que no se incluyeron en la Plataforma de Contratación del Sector Público dentro del plazo que recoge la ley.
“Solo 90 contratos de los 294 adjudicados –el 30,6%- dentro del período analizado, se han publicado dentro del plazo de 15 días marcado por la LCSP –Ley de Contratación del Sector Público-, publicándose el resto posteriormente” en dicha plataforma. Estas adjudicaciones se realizaron cuando la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, era presidenta del Gobierno balear.
Las malas prácticas y los riesgos de fraude en las contrataciones de emergencia que se celebraron durante la pandemia era algo previsible y sobre lo que varias entidades alertaron de manera temprana, el mismo año 2020. En Baleares, en octubre de ese año, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción puso la lupa en riesgos muy concretos, además de la transparencia.
Además de la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia, tras constatar que en el 70% de los contratos analizados no se cumplió con los requisitos legales, en el informe se alerta de otras posibles irregularidades en las adjudicaciones. Entre ellas, el fraude en la calidad del material sanitario, pero también en la posibilidad de que se malversaran fondos públicos aprovechando la relajación de controles que caracteriza a la contratación de emergencia. De este modo, se alineaba con varios organismos europeos, que también alzaron la voz de alarma.
"Las adquisiciones de emergencia se han convertido así en un ámbito muy vulnerable a las malas prácticas” señala el informe. Esto debido a que "suelen implicar un solo abastecimiento, plazos acelerados, prepagos y una lucha general para asegurar los suministros”. Las necesidades urgentes propias de una pandemia como la que afectó a España y a todo el mundo “pueden minimizar la diligencia debida y el escrutinio de los requisitos mínimos que debe reunir del proveedor”, señala.
Precisamente, en el caso de Baleares se produjo un uso abusivo de la contratación de emergencia, que se realizó de manera intensiva en pocos días. Y explicita que el quinto encargado de mascarillas que selló la Administración balear para adquirir 5.000.000 de mascarillas quirúrgicas, que se formalizó el 2 de mayo con la empresa Rayan Holdings PTE LID.
El informe subraya que esta adjudicación "debería haberse tramitado por una vía distinta a la de emergencia” porque solo diez días antes, el 22 de abril, ya se habían encargado otros 5.000.000 de mascarillas quirúrgicas a la empresa Tyrval Import Export SL. Y tres días antes, el 29 de abril, “se habían encargado 1.480.600 unidades de mascarillas FFP2 a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, y con la conclusión sobre el volumen adquirido de estas mascarillas que se explica en el apartado 4.5 siguiente”, señala.
La ausencia de evaluación de la solvencia económica, financiera y técnica de los principales proveedores de material sanitario también puede implicar un riesgo elevado en las contrataciones dinero público. Entre los peligros que se presentan está que las adquisiciones no se entreguen o que no se cumpla con los estándares de calidad exigidos, sobre todo teniendo en cuenta que en algunos casos se exigió el pago anticipado.
Por otra parte, el documento señala que puede haber abusos relacionados con precios excesivos que no ajustan a las condiciones del mercado, que se estuviera contratando con empresas o personas con antecedentes penales o que no se encontrasen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social.
Como el contenido del informe contempla que los distintos organismos públicos puedan plantear alegaciones, la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares aseguró que a los proveedores se les requirió la documentación para darles de alta en el sistema, es decir, datos identificativos y datos bancarios. También consta diversa documentación requerida a cada suministrador, tanto de la propia sociedad como de los administradores o apoderados. Con todo, esta información es muy reducida si se compara con la que se exige en los contratos ordinarios.
El mismo informe puso de manifiesto los excesos que se cometieron en la compra de mascarillas en Baleares. Más allá de si este acopio de material sanitario estaba o no justificado, el cuestionamiento se centra en que estas cantidades desorbitadas de unidades se hayan adquirido mediante la adjudicación de emergencia, es decir, cuando se desactivaron los mecanismos habituales de control y fiscalización de las adquisiciones que se realizan con dinero público.
La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares encendió todas las señales de alerta de manera temprana. En octubre de 2020 advirtió que el Gobierno balear había adquirido hasta entonces un total de 28.300.000 mascarillas, seis veces más que las que los hospitales y centros sanitarios del archipiélago necesitaban, generando un superávit de 22 millones de unidades.
Haciendo un cálculo muy conservador, a solo 0,4 euros la unidad, el coste sería de 8,8 millones de euros. La propia Abogacía de las Baleares indica que después de que en 2019 el consumo de mascarillas quirúrgicas en el Servicio de Salud Balear fuera de 1.031.474 unidades, las previsiones indicaban que, en 2020, el año de la pandemia, este dato se multiplicaría por nueve, es decir, una previsión de 9,2 millones de mascarillas en todo el ejercicio.
Sin embargo, este mismo organismo hace constar que entre el 8 de marzo y el 21 de junio, durante el confinamiento, se utilizaron 3.749.107 de unidades. Una cifra muy por debajo de los más de 28 millones de mascarillas que se adquirieron por el procedimiento de emergencia y sin publicidad.
