Las imágenes distribuidas por Moncloa el pasado día 4 mostraban a Pedro Sánchez en los osarios del Valle de Cuelgamuros, junto a sus acompañantes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, así como la forense que detalló in situ los trabajos que se han desarrollado en las criptas adyacentes a la Capilla del Santísimo Sepulcro.
Aunque en alguna de las fotografías –y el vídeo también divulgado– se les ve con mascarilla en el laboratorio habilitado en el Valle de los Caídos, se muestran sin ella en la zona donde se encuentran las sepulturas. Pero no parece lo más apropiado, a la vista del informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN: la presencia en estos osarios «puede suponer un peligro para la salud», según una respuesta del Ministerio de Memoria Democrática a través del portal de Transparencia. El análisis de prevención de riesgos laborales de la adjudicataria estatal –Tragsa– advierte de la necesidad de una «profilaxis o tratamiento eficaz».
La contestación llegó seis días después del tour presidencial a un ciudadano que había interrogado a la cartera de Ángel Víctor Torres el 13 de junio de 2023 y puso una reclamación el 28 de febrero de este año. Requería «el informe sobre sanidad mortuoria que prevenga de contagios o enfermedades» en las «actuaciones con restos mortales que se realizan en el Valle de los Caídos»; los «permisos de las autoridades públicas competentes para poder» llevar acabo esta tarea «e instalar un laboratorio de trabajo»; los «permisos y autorizaciones de la Iglesia para proceder con actuaciones de manipulación de restos mortales en el cementerio católico»; el «coste del laboratorio»; «si va a existir un registro de todos los huesos manipulados y cuál va a ser su nivel de detalle»; cómo son «los equipos de protección sanitaria que tienen que llevar las personas implicadas en las actuaciones»; «copia de la certificación de seguridad y sanitaria que autorice a las personas que van a manipular huesos»; «de qué manera van a llevar el control de los huesos y restos humanos»; el «plan de seguridad e higiene aplicado», así como el «número de policías que van a participar».
La solicitud fue recibida en la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, que confirma que «el informe de riesgos laborales fue el establecido por los servicios de prevención de la sociedad estatal Tragsa, adjudicataria de las medidas de acondicionamiento de las instalaciones», donde consta que, «de conformidad al Artículo 3 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, el riesgo de agentes biológicos en este caso, los trabajos estarían encuadrados en el grupo 2: “b) Agente biológico del grupo 2: aquel que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz».
En cuanto a los permisos, «las actuaciones con restos mortales son investigaciones de carácter forense», reza el texto, y «para ello no se requieren permisos, si es la administración quien los requiere, como es el caso. Conviene aquí recordar que se enmarcan en el ámbito de la colaboración conjunta entre dos unidades de la Administración General del Estado, como son Patrimonio Nacional y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática».
Sobre los permisos de la Iglesia se apela a «lo establecido en el artículo 54.3 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de memoria democrática: “Las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos existentes tienen el carácter de cementerio civil”. Por tanto, no se trata, como entiende el interesado, de un cementerio católico. Conviene también resaltar que el apartado 1 de ese mismo artículo cambia la denominación del valle de referencia por Valle de Cuelgamuros, lo que el interesado parece ignorar».
En cuanto a si va a existir un registro de los huesos manipulados, «todo el proyecto está inspirado en las recomendaciones de Naciones Unidas a través del Protocolo de Minnesota (2016). Los únicos restos óseos que se analizan son aquellos respecto de los cuales existen solicitudes por parte de sus familiares. El detalle se ajusta a los protocolos en materia de antropología forense».
Acerca de «los equipos de protección sanitaria», se enumeran «casco, mascarilla, tyvek y guantes». Y «en los análisis de los restos, tyvek, guantes y mascarillas».
En relación con la certificación de seguridad y sanitaria, «los médicos forenses ostentan una profesión que precisamente lleva implícita la responsabilidad de estudiar restos esqueléticos humanos. No requieren permisos de ninguna autoridad a partir de su designación o encargo para llevar a cabo la intervención».
En cuanto a la manera en que se va a llevar el control de los restos, se hará «según dispone el protocolo de la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense, recomendaciones-en-antropologia-forense-aeaof-2013.pdf, garantizando en todo momento la cadena de custodia».
Asimismo, acerca del plan de seguridad e higiene, se trata del «establecido por los servicios de prevención de la sociedad estatal Tragsa a solicitud de Patrimonio Nacional». Y «el equipo forense recibió formación a tal efecto».
Sobre el número de policías que van a tomar parte en los trabajos, «los miembros de la Policía Científica no participan en “la identificación de los restos mortales”», ya que «su misión ha consistido en aplicar la fotografía forense para el registro de las actuaciones».
Cuando los familiares se quejaron de una visita que ellos aún no han podido hacer –fueron invitados la misma tarde del día 4–, desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática explicaron que antes había sido imposible por el «riesgo sanitario» a causa del «polvo en suspensión». Después de estar cerradas las criptas desde 1959, no se podían visitar de la misma forma en que se hace una exhumación en campo abierto, señalaron.
