Al ser los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos conocidos como RAE 60 por ciento valorizables, representan una oportunidad de negocio, sin embargo, las inversiones para reciclarlos no se dan en el país por la falta de normativas en todas las entidades, a excepción de la Ciudad de México.
Édgar Lugo Chávez, presidente y cofundador de la Asociación Mexicana de Recicladores de Residuos Electrónicos (AMRRE), señaló que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos establece que son los estados los que deben regular a quienes manejan esos residuos, su reciclaje y demás actividades relacionadas.
“Al ser competencia estatal deberían de existir 32 normatividades, pero en la legislación, incluyendo la federal, no existe el término residuos de aparatos eléctricos y electrónicos”, refirió.
Lugo indicó que la Ciudad de México es la única en el país que establece responsabilidades y requisitos para el manejo de residuos que se encuentran en la norma ambiental 019.
Comentó que la AMRRE trabaja con el Estado de México para formar un grupo de trabajo y establecer una norma sobre el tema, además están en pláticas con el estado de Hidalgo con el mismo objetivo.
El directivo señaló que en el país se generan 1.5 millones de toneladas al año de residuos eléctricos y electrónicos, mientras que en Nuevo León (NL) son 67 mil 600 toneladas anuales.
Lugo explicó que el reciclaje de estos productos es una industria de refinación y metalúrgica, ya que el procesador está compuesto por 30 o más elementos químicos de la tabla periódica, entre ellos, oro, plata y paladium, además de que traen de tres a cinco tipos de plástico, metales ferrosos y no ferroso y vidrio.
Advirtió que dependiendo del aparato puede tener 6 por ciento de residuos peligrosos que provocan daños al organismo humano.
Al respecto, dijo que una práctica incorrecta y la más usual es la quema del cable con gasolina para derretir el plástico y obtener el cobre que, dependiendo de la época, es vendido en 60 pesos el kilo contra 7 pesos del kilo de PET.
Lugo afirmó que esos recicladores informales pueden pagar de 20 a 30 pesos el kilo de cable para quemarlo, cuando uno formal tiene equipos para pelar el cable, triturarlo o hacer alguna recuperación, con máquinas que cuestan de 200 mil a 700 mil pesos.
“Solo en 16 estados hay recicladores formales de aparatos eléctricos y electrónicos, y el 96 por ciento hace el desensamble y sólo 4 por ciento hace refinación, lo que abre una gran oportunidad de negocio e inversión, pero sin un marco de referencia justo, que fomente la inversión, con una competencia desleal, una falta de apoyo de diversos sectores, es complicado”, lamentó.
