La permanencia en el cargo como gobernador de Sinaloa le mete más presión a la relación institucional entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, en virtud de que la clasificación como terroristas de los grandes capos de la droga mexicanos, que pretende llevar a cabo el magnate inmobiliario, incluye, por supuesto, a políticos de alto nivel de este lado de la frontera que están involucrados con los criminales.
La connivencia entre el mandatario sinaloense con los malosos ha sido denunciada permanentemente por narcotraficantes contrarios a los Chapitos, como el Mayo Zambada, entre otros, quien se alista para convertirse en testigo protegido a cambio de abrir la caja de Pandora de donde saltarán no solo nombres como el de Rubén Rocha Moya, sino también del ámbito federal.
El mismo exgobernador de esa entidad y excandidato presidencial, Francisco Labastida, ha insistido en que Rocha Moya llegó a la gubernatura con el apoyo del narco y ello es conocido aquí y, por supuesto, por las agencias de inteligencia de EU.
“En Sinaloa tenemos un narcogobierno, por ello resulta absurdo e irresponsable el apoyo del gobierno federal y de mandatarios estatales de Morena a Rubén Rocha”, advirtió Labastida Ochoa.
El intento de tender un manto protector al mandatario estatal por parte del gobierno federal es un grave error de consecuencias incalculables porque, a partir del 20 de enero, fecha de la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, conlleva diversas acciones inmediatas, entre ellas, la declaración de terroristas a los criminales por el trasiego de fentanilo y otras drogas sintéticas a ese país y ello implica necesariamente a sus protectores incrustados en los gobiernos municipales, estatales y federal.
El desgastado discurso de la defensa de la soberanía de México habla más de la real preocupación existente por la implicación de políticos nacionales con delincuentes que, en realidad, de la supuesta pretensión de Trump por invadir a nuestro país.
La intervención habla de utilizar todos los instrumentos de inteligencia, tecnología y, por supuesto, sobre lavado de dinero que tiene el gobierno norteamericano y sus agencias, para combatir a los capos de la droga mexicanos, y no tanto por la incursión de las fuerzas armadas de aquel país en territorio nacional.
Hemos dicho hasta el cansancio que las cartas de negociación que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum son escasas para siquiera alcanzar acuerdos justos y equilibrados con su contraparte norteamericana, en razón precisamente de que Andrés Manuel López Obrador fue omiso, por decirlo de manera elegante, en el combate contra la inseguridad pública y particular con algunos grupos criminales asentados precisamente en Sinaloa.
El gobierno mexicano no ha podido o no ha querido frenar a los traficantes de drogas y por ello, la alerta que prevalece en las altas esferas del gobierno de Washington se convertirá en acciones concretas contra los criminales a partir de que Trump despache en el Salón Oval de la Casa Blanca.
Si la presidenta mexicana pretende seguir protegiendo a Rubén Rocha Moya en su permanencia como gobernador de Sinaloa, tendrá que padecer las consecuencias políticas de la persecución criminal que emprenderá Estados Unidos contra este mandatario.
Es mejor acelerar la renuncia de Rocha para con ello quitarse esa papa caliente de las manos y llegar menos comprometidos a las mesas de negociación con los americanos.
La doctora Sheinbaum está ante una oportunidad dorada: desprenderse de esas ataduras incómodas que representa proteger a militantes de Morena involucrados en franca connivencia con criminales, en lugar de asumir compromisos heredados por su antecesor.
Resulta inconcebible, aunque habla del caos que prevalece en Sinaloa, con la gobernabilidad a punto de resquebrajarse, trasladar a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a despachar en esa entidad, cuando más de la mitad del territorio nacional reclama su presencia, toda vez que hay entidades como Guerrero, Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Tabasco, Zacatecas, Jalisco y Veracruz, entre otras, que requieren la atención inmediata de este funcionario.
Se puede ir a vivir a Culiacán, pero ello no garantiza la pacificación de la región, si no existe la voluntad política para acabar con todos, sí, con todos, los capos de la droga y sus protectores incrustados en altas esferas gubernamentales.
Es más útil García Harfuch en la Ciudad de México, en sus oficinas centrales, coordinando todos los operativos nacionales contra los criminales, que centralizarse en una entidad como Sinaloa que la gobierna un funcionario que traicionó a sus paisanos y la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum.
