El entorno de dinamismo de la economía global ha inaugurado, paradójicamente, una etapa de competencia y cooperación regional. En el caso de México, su relación e integración económica con Norteamérica es relevante y marca un diferencial competitivo. Sin embargo, su relación con otros países de América Latina y el Caribe es igualmente relevante, para competir frente a las economías de manufacturas asiáticas y demás economías a escala competitivas sobre todo en sectores como commodities.
Sostengo que esta etapa se trata de un período de competencia y cooperación simultaneas. Eso parecen indicar los estudios y análisis más serios en materia económica. Por ejemplo, el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2024 –publicado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal)– indica que los signos de mejora económica tras la crisis de 2020-2021 provocada por la pandemia, crecen. Los datos registran que “en 2024 y 2025 el crecimiento económico del mundo se mantendrá estable en los niveles de 2023, con un mayor impulso por parte de las economías emergentes. En 2024, los principales bancos centrales del mundo expandieron la liquidez, poniendo fin al ciclo monetario restrictivo. Además, la región incrementa la emisión de deuda en los mercados internacionales; no obstante, la transferencia neta de recursos hacia el exterior va en aumento”.
El informe también indica que la dinámica de la actividad económica en América Latina continúa siendo baja y depende cada vez más del consumo privado. Esta condición puede ser revertida dado el contexto macroeconómico de las principales economías de la región caracterizadas por un mejor control inflacionario, menores restricciones de política económicas y proyecciones para aumento de la inversión pública.
Representa, en la mayor parte de los casos de países en la región, una oportunidad para que los proyectos de participación estatal incrementen en número y profundidad de su implicación. Empero, esta nueva ola de proyectos de inversión pública debe aprovecharse a partir de la óptica de los costos de oportunidad y la dirección del desarrollo por parte del Estado. Estos procesos y proyectos de inversión provocan un doble efecto: primero, dinamismo económico per se en función de su proceso gasto; segundo, mejores condiciones para el desarrollo económico y ganancia de puntos y referencias para la competitividad en el marco de los cambios (nearshoring, por mencionar algún proceso) de la economía global.
Dadas las virtudes de la coyuntura de la economía global y los procesos de inversión de un Estado Emprendedor, como lo argumenta Mariana Mazzucato en un libro que lleva esa frase por nombre, es necesario que los gobiernos nacionales desarrollen mejores procesos de planeación, evaluación y fiscalización. Es un punto de inflexión en la historia contemporánea en el entendimiento del crecimiento económico, prosperidad y desarrollo.
Por ello, las tareas de las Entidades de Fiscalización de Fiscalización Superior (EFS) representan una oportunidad invaluable para contar con organizaciones públicas eficaces y políticas públicas que apuntalen el desarrollo nacional y de las regiones. En el corto plazo, los gobiernos nacionales tendrán que profundizar en las tareas de cooperación para el desarrollo y la conformación de bancos de buenas prácticas para la obtención de mejores resultados y el logro de objetivos. Desde las EFS, como el caso de la Auditoría Superior de la Federación, es importante reconocer el contexto global para dimensionar nuestros desafíos.
