Los 19 jueces y magistrados de las altas cortes de Bolivia, elegidos por voto popular el mes pasado, asumieron el cargo este jueves por seis años con el desafío de transformar la justicia boliviana, sumergida en profunda crisis por señalamientos de injerencias políticas, corrupción y mora procesal.
Por primera vez desde que se aplicó la reforma judicial en 2009 para elegir en las urnas a los jueces del país, el proceso electoral tuvo alta participación ciudadana. Se registró un 64 por ciento de votos válidos, en una renovación judicial atrasada por un año y en contraste con la mayoría de votos nulos y blancos de las dos elecciones anteriores (2011 y 2017).
“Esta alta participación ciudadana les concede alta legitimidad y les compromete a trabajar por una justicia transparente, oportuna, independiente y a ejercer con imparcialidad, ética y moral”, dijo el presidente boliviano, Luis Arce, a tiempo de juramentar a los jueces electos en una ceremonia celebrada en la casa de Gobierno.
La elección debió realizarse en diciembre de 2023 pero el “proceso se complicó” por 72 demandas legales que presentaron los candidatos, dijo el mandatario.
La renovación alcanzó al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Agroambiental. La primera tarea del nuevo Tribunal Constitucional será definir la suerte de siete magistrados anteriores que continúan en el cargo de forma prorrogada, ya que las elecciones en sus jurisdicciones fueron suspendidas por demandas de postulantes por presuntas irregularidades en la selección de candidatos.
Partidos de oposición y organizaciones ciudadanas han sumado pedidos para exigir la renuncia de los siete magistrados con mandato extendido. “Será uno de los primeros asuntos a resolver en la primera sala plena”, dijo el magistrado electo por el Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo.
Bolivia es uno de los pocos países del mundo que elige jueces y magistrados por voto popular, pero el proceso ha sido cuestionado por señalamientos de una mayor injerencia política en la justicia debido a que los partidos representados en la Asamblea Legislativa eligen a los candidatos a través de mecanismos poco transparentes, según los expertos.
Organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han cuestionado la falta de independencia de la justicia frente al poder político.
El Tribunal Constitucional se pronunció en la disputa interna del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) que, tras 19 años en el gobierno, enfrenta al expresidente Evo Morales y su heredero político y sucesor el presidente Arce por el liderazgo y control del aparato partidario de cara a las elecciones presidenciales de 2025.
Un fallo del Tribunal Constitucional inhabilitó a Evo Morales a postular en 2025 y éste acusó a Arce de un “plan negro” para sacarlo de la carrera presidencial en presunto “contubernio” con jueces.
El ministro de Justicia, César Siles, llamó a los magistrados electos a “garantizar la imparcialidad” y revertir “la imagen negativa que tienen los ciudadanos de la administración judicial” por sus altos niveles de corrupción, mora procesal y sobrepoblación carcelaria, según un reciente informe del Defensor del Pueblo.
“Hay la esperanza de un cambio porque estos nuevos jueces parecen ser más neutrales, pero veremos en el tiempo si se doblegan a la influencia política”, dijo el analista jurídico William Bascopé.
