Hace 30 años se desplomaba la economía mexicana. Ernesto Zedillo tenía poco más de un mes como Presidente de la República. En ese lapso había devaluado abruptamente al peso (19 de diciembre), a lo que siguió una brutal fuga de capitales (21 de diciembre), día en el cual Banco de México prácticamente se quedó sin reservas internacionales. No hubo más remedio que dejar a la moneda en libre flotación a partir del jueves 22 de diciembre, un régimen cambiario que hasta la fecha se mantiene y que ha sido el mejor posible para evitar una nueva crisis de balanza de pagos, como las que golpearon a México cuatro veces en menos de 20 años (1976, 1982, 1986 y finalmente 1994-95).
Pero esa flotación se hizo de la peor manera posible: en medio de una crisis de confianza, sin programa económico de apoyo a la modificación cambiaria, sin apoyo internacional y finalmente sin reservas. El peso no flotó, se hundió. El último golpe, demoledor, a la confianza llegó el 28 de diciembre, y no era una broma de los Santos Inocentes: se supo ese día que casi toda la deuda interna del país se encontraba en dólares (por lo que había aumentado considerablemente por la pérdida de valor del peso) y en bonos de muy corto plazo, con prácticamente la totalidad de los 29.2 mil millones de dólares venciendo en 1995, más de la mitad en manos de tenedores extranjeros, todos desesperados por recuperar su dinero y sin la menor disposición de comprar más de los llamados Tesobonos.
Una ironía impresionante dado que encabezaba al país un brillantísimo economista. Se llegó a hablar incluso de la renuncia de Zedillo Ponce de León. Quien asumió la responsabilidad ante el inesperado desastre fue otro brillante economista y quien había destacado como extraordinario negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Jaime Serra Puche renunció como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 29 de diciembre, tras menos de un mes en el cargo.
Exactamente hace tres décadas, el 3 de enero de 1995, su sucesor al frente de Hacienda, Guillermo Ortiz, presentaba el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE), ese programa económico de ajuste que había brillado por su ausencia en semanas anteriores. Ortiz Martínez había sido Subsecretario de SHCP en el sexenio anterior de Carlos Salinas, y antes de ello representante de México ante el Fondo Monetario Internacional. En pocas semanas negoció un apoyo financiero masivo por parte del gobierno de Estados Unidos y el FMI, lo suficiente para reponer reservas y pagar Tesobonos a medida que iban venciendo.
El ajuste económico fue brutal, con el PIB presentando una contracción de 6.3% (la más profunda desde la Gran Depresión) mientras que la inflación se multiplicó por siete, para llegar a 52.0%. Una de las secuelas sociales fue el crimen: asaltos y secuestros se dispararon en lo que hasta entonces había sido un país con ciudades extraordinariamente seguras.
Una de las mayores polémicas, sin resolver, en la historia económica de México es qué grado de responsabilidad corresponde a Carlos Salinas de Gortari y su gobierno (heredando una situación delicada, incluyendo un déficit elevado en el sector externo y la deuda en Tesobonos) y cuánta a Zedillo y su administración por los errores manejando ese legado. Ante la población (y en buena parte la historia), el segundo fue muy exitoso en culpar de lo ocurrido al primero.
Una certeza es que la política económica “neoliberal” quedó en buena parte desprestigiada, junto con el Partido Revolucionario Institucional. Dos políticos de oposición se vieron muy beneficiados por ello: Vicente Fox Quesada de Acción Nacional y, tras varios años, quien ofreció, y cumpliría, destruir ese modelo económico: Andrés Manuel López Obrador, entonces con el Partido de la Revolución Democrática y posteriormente el Movimiento Regeneración Nacional. En ese sentido, una crisis cuyos coletazos siguen afectando negativamente a los mexicanos.
