A pesar de las muchas cejas levantadas y suspicacias por los fracasos previos, la reciente convocatoria para la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos para el periodo 2025-2026 ha generado gran interés, no solo por las 400 propuestas recibidas, sino también por las implicaciones que este proceso tiene para la salud pública en México.
Como sabemos, dicho esquema está coordinado por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y está respaldado por la Secretaría de Salud (SSa). Es importante reconocer el diálogo entre autoridades sanitarias e industria farmacéutica, que no se había dado en el sexenio previo, para garantizar el abasto en las instituciones públicas, pero también plantea retos en términos de transparencia, eficiencia y sostenibilidad.
Por otro lado, cabe decir que, durante la apertura de proposiciones, se verificó que ninguno de los licitantes estuviera inhabilitado o sancionado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), lo que se ha visto como un paso para asegurar la legalidad y legitimidad del proceso. Sin embargo, el incidente relacionado con las fallas técnicas en el Directorio de Proveedores Sancionados, que causó un retraso, subraya la necesidad de fortalecer las herramientas tecnológicas utilizadas en estos procedimientos.
No podemos soslayar que el modelo de contratación consolidada propuesto para 2025-2026 incluye una inversión de 130 mil millones de pesos y la participación de 26 instituciones públicas de salud. Esto lo convierte en el más ambicioso en la historia reciente, tanto por el volumen de piezas programadas como por el número de claves requeridas, aunque seguimos insistiendo en que los tiempos no son los ideales, pues este tipo de compras consolidadas de medicamentos deben hacerse con al menos seis meses antelación, lo ideal es un año.
De igual forma, la participación de las Big Pharma también subraya la relevancia del proceso. Estas empresas no solo aportan experiencia y capacidad de producción, sino que también refuerzan la competencia, lo que podría traducirse en mejores precios y calidad para el sistema de salud público.
En paralelo a la licitación, la SSa publicó un acuerdo que permite la importación de medicamentos e insumos médicos con autorizaciones de comercialización emitidas por autoridades regulatorias internacionales. Esta medida, aunque temporal, pretende evitar desabastos y garantizar que los pacientes reciban los tratamientos necesarios.
No obstante, también es crucial considerar los retos que esto implica, también por experiencias previas, como la importación de medicamentos con nomenclatura en lenguas que nadie entendía, lo que provocó renuncias de directores de hospitales que no quisieron ser cómplices de fármacos que podrían implicar un riesgo para los pacientes.
Empero, el camino hacia una contratación consolidada efectiva no está exento de desafíos. Por un lado, el proceso debe ser ágil y eficiente para evitar retrasos que puedan afectar el abasto. Por otro, la transparencia debe mantenerse como una prioridad, no solo durante la adjudicación de los contratos, sino también en la ejecución de estos.
Al respecto, Enrique Martínez Moreno, director del Instituto Farmacéutico de México (INEFAM), ha advertido que la falta de información precisa sobre la demanda específica y los puntos de entrega de medicamentos en la nueva contratación consolidada complica la planificación logística y la cotización para los proveedores. Aunque las cantidades y ubicaciones se definirán tras la adjudicación de los contratos, esta incertidumbre dificulta la organización de inventarios y producción, sobre todo considerando que podrían ser más de 300 puntos de entrega.
Además, los plazos de suministro, como las entregas urgentes en 24 horas, representan desafíos logísticos significativos, particularmente para proveedores sin infraestructura robusta. El proceso de licitación, que incluye 3,924 claves y más de 4,639 millones de piezas para abastecer a 26 instituciones públicas, está programado para iniciar entregas en marzo de 2025, pero se considera uno de los más rezagados en términos de tiempos históricos, según Martínez Moreno.
En suma, este modelo, propuesto por el nuevo gobierno, podría convertirse en un referente si se implementa de manera exitosa, pero su verdadero impacto se medirá en la capacidad del sistema de salud para atender a la población con medicamentos de calidad, en tiempo y forma. Es un reto monumental, pero también una responsabilidad ineludible para el gobierno y las empresas participantes. Al final, si hay éxito, los pacientes serán los grandes beneficiados. Al tiempo.
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