El Gobierno de Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), durante la madrugada de este viernes 1 de noviembre, la reforma llamada “supremacía constitucional”, que tiene como objetivo blindar cambios constitucionales.
La publicación de la reforma se da después de que, en tiempo récord, 17 Congresos estatales avalaran la supremacía constitucional, además del visto bueno en el Congreso de la Unión.
Esta iniciativa fue publicada a través de la Secretaría de Gobernación y en ella se agrega un quinto párrafo al Artículo 105 de la Constitución sobre la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución.
“Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”, explica el documento.
También se modifica el inciso II del artículo 107, el cual impide que se proceda el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución; esta reforma fue firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum y busca frenar la reforma al Poder Judicial.
La reforma supremacía constitucional plantea que las disposiciones de la Constitución se mantendrán por encima de cualquier otra norma o resolución, incluso cuando se trate de acciones suspensivas dictadas por el Poder Judicial.
Entre las modificaciones, se establece que las controversias o acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra reformas a la constitución no podrán frenar su aplicación inmediata.
Incluso se prevé que no sean impugnables ni los cambios constitucionales aprobados por el Congreso ni los pendientes de discusión, lo que dará oportunidad a la 4T para impulsar sin ninguna traba jurídica el paquete de reformas que presentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado.
En el texto se establece que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.
Los principales grupos empresariales de Méxido expresaron su preocupación por la reforma y advirtieron en un comunicado que la iniciativa “pone en riesgo las garantías fundamentales que han protegido a los ciudadanos durante décadas”.
La iniciativa “abre la puerta a decisiones del Congreso sin control judicial, debilitando así el sistema de contrapesos”, agregaron los empresarios.
Con información de AP
