Entre las administraciones de Estados Unidos y México han logrado detener la llegada masiva de migrantes en busca de asilo a la frontera común, según ha constatado EFE y cuentan los propios migrantes y activistas humanitarios.
De un río imparable de gente se redujo a números prácticamente nulos debido a las medidas disuasivas del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, con ayuda de México, lo que ha echado por tierra la retórica republicana de una crisis en la línea divisoria.
“Ahora por lo general llegan muy pocas personas que, en su mayoría, desconocen que se usa una aplicación (de móvil) para hacer una cita, y lograr una entrevista para solicitar asilo”, dijo a EFE Pedro Ríos, director del Comité de Servicios de los Amigos Americanos.
El comité es el único grupo que ha mantenido constante la ayuda a los migrantes que llegan a una zona entre dos muros fronterizos paralelos en Jacumba, (California), que en mayo pasado se convirtió en el lugar por donde más migrantes ingresaban de forma irregular en la frontera suroeste del país.
Pero las cosas cambiaron desde el pasado 4 de junio, cuando el presidente Biden promulgó las restricciones al asilo que han logrado bajar la cifra de detenciones de migrantes a las registradas en el anterior gobierno.
El activista explica que los pocos migrantes que cruzan “no hablan ni inglés ni español”, y por lo general provienen de África y de Medio Oriente. Ya “los ríos imparables de gente” desaparecieron, comenta.
Las detenciones de migrantes que cruzaron de forma irregular por la frontera con México cayeron a 54 mil el mes pasado, la cifra más baja registrada en el Gobierno Biden, según reportó el canal CBS.
Ríos opina que “hay un elemento político electoral en todo esto” en plena campaña electoral entre la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, y su rival, el expresidente Donald Trump.
Mientras ambos candidatos prometen mano dura en la frontera, activistas como Ríos advierten que el proceso para los solicitantes de asilo “ahora es más frustrante”, especialmente para aquellos que buscan una cita a través de la aplicación CBP One desde el sur de México o Guatemala.
Ríos señala que el tiempo de espera puede ser entre ocho y nueve meses para solo conseguir una cita. “Es demasiado tiempo porque no pueden trabajar, y es más difícil si tienen que mantener familia, además los albergues tienen un límite de tiempo para alojarlos, por lo general un mes”, explicó.
A esto se suma, que las autoridades mexicanas están sirviendo de filtro y haciendo más complicado el proceso.
Por ejemplo, Boanerges, un migrante de Ecuador que no quiso revelar su apellido, contó a EFE que llegó en avión a Tijuana con la intención de cruzar hacia California a pedir asilo, pero los oficiales mexicanos de migración lo detuvieron y enviaron a Chiapas para que solicitara una cita desde allí.
“Se me acabó la plata desde abril” y en Chiapas no hay trabajo. Cuando vi que pasaban los meses y no salía la cita, decidí regresar aquí como pude”, ahondó el ecuatoriano mientras era entrevistado a través de la valla divisoria en California.
Pero sus esperanzas de lograr presentar su caso de asilo han ido mermando, sabe que el cierre de la frontera puede prolongarse indefinidamente.
El ecuatoriano espera que después de las elecciones, que se realizan en tres semanas en EU, la situación para migrantes como él mejoren. Su meta es poder ingresar al país y que no lo deporten de regreso a Ecuador.
Mientras Trump ha basado su campaña sobre la supuesta invasión de migrantes que ingresan por la frontera, la realidad es que ahora son muy pocos los extranjeros que logran entrar y con escasas posibilidades de obtener asilo, señala el activista.
Harris ha prometido mantener las restricciones impuestas por Biden y ha culpado a su oponente de echar al traste un proyecto bipartidista que reformaba el sistema de asilo.
Trump ha seguido sosteniendo que existe una crisis en la frontera. La semana pasada, en una visita a Arizona, prometió que si es elegido contratará 10 mil agentes más para la Patrulla Fronteriza y les dará un bono de 10 mil dólares para que se queden en la agencia.
El proyecto bipartidista que los republicanos se negaron a pasar en marzo pasado también asignaba fondos para más agentes y más jueces de inmigración.
