El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el primer dictamen de las leyes secundarias de la reforma Judicial, que regularán la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.
Con 342 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, los legisladores dieron “luz verde” –sin una sola modificación- al dictamen que contiene las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, y aprobado ya por el Senado.
El documento se turnó ya al Ejecutivo para su publicación. Los diputados iniciaron de inmediato el segundo dictamen, que contiene las reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.
El diputado César Israel Damián Retes, del PAN, dijo que no pueden apoyar un dictamen que busca una venganza política.
“No podemos apoyar la destrucción judicial, tampoco el sometimiento y la desaparición de la división de Poderes”. La República, afirmó, “está en juego”. “No niego los problemas que existen, pero no se acaba la corrupción con esta reforma; se disfraza el nepotismo”, dijo.
Arturo Yáñez Cuellar, diputado del PRI, consideró que la justicia no se rifa, más bien se defiende y prevalece siempre ante el autoritarismo. “Estamos por una justicia sin colores porque ésta no es mérito de un partido o gobierno, sino de años para establecer un Estado de derecho con normas que regulen las acciones. Vender la idea de que el pueblo elegirá a jueces es una acción del gobierno autoritario para perpetuarse en el poder”.
Por Morena, la diputada Elena Edith Segura Trejo comentó que se busca construir un Poder Judicial honesto, transparente, eficiente y eficaz; por ello, el artículo 526 en su párrafo tercero señala que se podrá requerir a las personas candidatas de la información necesaria para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuge, concubinas y concubinarios y dependientes económicos directos.
De MC, el diputado Pablo Vázquez Ahued indicó que una reforma al sistema de justicia debe mejorar el acceso a la misma y las condiciones de defensa de los derechos de las y los ciudadanos, pero la actual no contribuye a ese propósito y solo abre la puerta a un control político del Poder Judicial y de las entidades federativas, empeorando el acceso a la justicia y “pavimentando el camino para retroceder a una autocracia institucionalizada”.
A su vez, el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del PVEM, subrayó que el Poder Judicial debe ser un ejemplo de imparcialidad y transparencia, lejos de cualquier influencia externa, ya que solo de esa manera se podrá recuperar la confianza pública de la ciudadanía, especialmente de los que menos recursos tienen y a quienes, en ocasiones, han sido abandonados por la justicia.
El también diputado de Morena, José Carlos Acosta Ruiz, destacó que con las modificaciones se acabará con ministros, magistrados y jueces con sobresueldos o por consigna, y tendrán que ir a elección.
La reforma “es inédita, no solo en México, sino en todo el mundo, por lo que cada proceso implica un nuevo reto a sortearse en armonía y unidad para su correcta aplicación. Seremos ejemplo mundial”, expuso.
