Estimado director de Operación y Evaluación del IMSS, como ya lo expresé en mi cuenta de X (antes Twitter), simplemente me permito reiterar y revalidar lo expuesto en mi columna del pasado lunes 7 de octubre, donde jamás señalé que como funcionario tuviera o no facultades para nombrar a otros directivos. Las irregularidades expuestas –que por cierto reconoce como “posibles”– están documentadas y celebro que se confirme lo que revelé: la realización de una auditoría para proceder en consecuencia.
Es una lástima y de pena ajena que Javier Guerrero García desconozca las funciones y responsabilidades que tiene que cumplir como servidor público y que el pasado 3 de octubre de 2024 él autorizó y firmó.
De acuerdo con el Manual de Organización de la Dirección de Operación y Evaluación, dentro de las funciones sustantivas de esta dirección están:
Acordar con las personas titulares de los órganos de operación administrativa desconcentrada y direcciones normativas correspondientes, el nombramiento y remoción de las o los titulares de las jefaturas de servicios, subdelegaciones y coordinaciones del instituto en los estados.
La “ejecución” de esta función se realiza por Luisa Obrador Garrido (le suena el apellido), la titular de la Unidad de Evaluación de Órganos Desconcentrados (OOAD –antes Delegaciones– y unidades médicas de alta especialidad). Función establecida en el numeral 12 de este Manual de Organización:
Coordinar previo al proceso de selección con las direcciones normativas, el nombramiento y remoción de las personas titulares de las jefaturas de servicio, coordinaciones, subdelegaciones, jefaturas de departamento y oficina en los órganos de operación administrativa desconcentrada; una vez acordado, se iniciará el proceso de selección de la persona que ocupará el puesto.
Por lo que respecta a la afirmación de que Javier Guerrero no tiene “injerencia” en adquisiciones es falso.
De acuerdo con las funciones establecidas en el Manual de Organización de la Dirección de Operación y Evaluación sí tiene estas funciones:
· Definir las políticas y procedimientos que permitan operar la adquisición de bienes y servicios de los órganos normativos de la dirección, así como dirigir la integración y custodia de la memoria documental de los procesos.
· Coordinar y dar seguimiento a la formalización de los procedimientos de adquisición de bienes y servicios requeridos.
· Efectuar los trámites de erogaciones por adquisición de bienes y contratación de servicios de la dirección y sus unidades administrativas, así como aplicar las sanciones notificadas por los administradores de los contratos.
· Proponer, dirigir y supervisar el Programa Anual de Adquisiciones, con base en las necesidades de las unidades administrativas de la dirección.
Además, en el Reglamento Interior del IMSS (RIIMSS) vigente, se establece en el artículo 69 fracciones I y III que esta dirección tiene las facultades de adquisición y construcción:
· Planear, programar, dirigir, controlar, difundir y, en su caso, llevar a cabo los procesos de administración, adquisición o suministro de los recursos materiales, servicios generales, obra pública y servicios relacionados con la misma, así como los de conservación y los demás servicios de carácter general y naturaleza administrativa que sean necesarios para la adecuada operación del instituto.
· Contratar o elaborar, en su caso, proyectos de construcción y equipamiento.
Todo queda en familia.
Por lo que respecta a lo mencionado por Javier Guerrero acerca de que “he solicitado una auditoría… sobre la aplicación de los recursos bajo mi resguardo”. Esta solicitud de auditoría ante el Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS representa un conflicto de interés, puesto que Salim Arturo Orci Magaña, titular del OIC del IMSS, es concuño de Javier Guerrero, pues su esposa, Nicte Ruiz Magaña, es hermana de la esposa de Arturo Orci; ojo, en el segundo piso de la ‘4T’ ya no hay nepotismo.
Tan existe esta relación familiar que recientemente Arturo Orci, en una videoconferencia nacional, instruyó a los delegados (hoy titulares de los OOAD) y a los directores de las UMAE para que en las auditorías que está realizando la ASF se hiciera “todo lo posible” para que salieran “bien librados”, pues era una indicación de Zoé Robledo, puesto que no quería “ninguna mancha” en el inicio de la nueva administración de Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, colaboradores de la ASF me refieren que de los resultados de las auditorías realizadas al IMSS ya hay algunas respuestas, las cuales ya han sido notificadas a Zoé Robledo, como cabeza del instituto, y los desfalcos encontrados son millonarios; tan sólo en la compra de víveres y alimentos es de 397 mdp.
Y cómo dejar de contarles que en las auditorías a los servicios integrales de laboratorio y anestesia, lo encontrado por los auditores es de miedo y el desfalco también es multimillonario. Pronto les daré detalles, pues la auditoría está en curso. Por eso le comentaba en mi columna anterior que el segundo piso del IMSS puede venirse abajo.
Así como lo están leyendo, y también será para Pemex, de Víctor Rodríguez, y por ende para Sener, de Luz Elena González. Resulta que los herederos de Manuel Ancira (q.e.p.d.), en la madrugada de ayer, pidieron una orden de restricción temporal en Texas para evitar que se ejecute el fideicomiso que le entregó Alonso Ancira a Pemex para cumplir con el acuerdo reparatorio por el caso de Agronitrogenados, porque, alegan, Alonso falsificó la firma de su hermano de un poder. Hoy se llevará a cabo la audiencia de emergencia y sabremos si se las otorgan o no. Emilio Lozoya Austin, preocúpate.
