México tendrá cuatro nuevas minas de oro activas en los próximos seis meses que producirán 306 mil 400 onzas anuales, y tres de plata de las que se obtendrán 10.6 millones de onzas de plata al año. Esto podría parecer una noticia positiva dado que los proyectos suman inversiones por mil 174.5 millones de dólares, pero la realidad es que la industria está tensa, ya que el arranque de todos estos podría colocar al sector de nuevo en la mira de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha manifestado la intención de prohibir la minería a cielo abierto.
“Cada una de las estimaciones de inversión y producción nos dan una idea de las dimensiones de estos nuevos proyectos tanto en términos económicos como en la generación de empleos, es fundamental destacar que todos estos proyectos ya contaban con la documentación de aprobación completa y listos para iniciar operaciones entre 2024 y 2025″, explicó Rubén del Pozo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).
El proyecto más grande de extracción de oro es Media Luna, ubicado en Guerrero y a cargo de la minera canadiense Torex Gold Resources, que se espera arranque operaciones comerciales en los primeros meses de 2025 con una producción estimada de hasta 170 mil onzas de oro anuales.
Los otros tres proyectos, a cargo de las canadienses Minera Álamos, Endeavour Silver y Luca Mining, con sede en Vancouver, aportarán 136 mil 400 onzas de oro, que se espera permitan aumentar la producción anual, ya que en 2023 la minería mexicana registró una caída de 17.6 por ciento, que colocó al país en el noveno lugar a nivel mundial en la producción de oro con un 3.42 por ciento de participación.
En el caso de las minas de plata, el proyecto más importante que arrancará operaciones antes de que termine el primer trimestre de 2025 está a cargo de GoGold Silver Gold, la canadiense que operará el proyecto Los Ricos Sur, ubicado en Jalisco y de donde se esperan obtener 4.8 millones de onzas de plata por año.
A este proyecto se suman los de Endeavour Silver y otro en Sinaloa de GoGold Silver Gold, que arrancarán en los últimos meses de 2024 y que en conjunto se espera que produzcan 5.8 millones de toneladas de onzas de plata.
“Todos estos proyectos son una buena noticia, el problema es que ponen a la industria en la mira y eso genera mucha incertidumbre si consideramos que hemos tenido años muy complicados; primero con la entrega de permisos, luego con las reformas de 2023 a la Ley Minera y ahora con la latente amenaza de prohibir la minería a cielo abierto, que causaría un impacto negativo, incalculable”, dijo Raúl García Reimbert, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.
Aunque la reforma para prohibir la minería a cielo abierto no está entre las prioridades del Congreso, y por tanto no se tiene prevista su discusión en lo que resta del año, se espera que para 2025 se retome esta discusión con un discurso recrudecido por la apertura de los siete proyectos mineros de oro y plata, y de cuatro proyectos mineros de cobre que también iniciarán operaciones en los próximos seis meses, uno de ellos perteneciente a Grupo México, la minera de Germán Larrea.
“Nosotros ya estamos buscando acercamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer un diálogo que nos permita ofrecer una visión técnica de la relevancia que tiene la minería a cielo abierto para alcanzar los objetivos de transición energética de las empresas y del propio gobierno, que ya hemos visto que tiene metas muy ambiciosas”, añadió García Reimbert.
La actividad minera a cielo abierto es relevante para el país debido a que 60 por ciento de la producción proviene de esta técnica extractiva, de tal manera que la prohibición compromete más de 30 mil millones de pesos en diversas aportaciones fiscales para el erario, así como una posible contracción económica por 250 mil millones de pesos anuales (-1 por ciento del PIB), según estima la Cámara Minera de México.
“Suspender la minería a cielo abierto causaría un impacto negativo, el principal es que acabaría con más de 400 mil empleos directos y más de 2.5 millones de indirectos, afectando irremediablemente la economía de las comunidades mineras, en donde nuestra industria, muchas veces es la única fuente de empleo”, señaló Rubén del Pozo.
Ante este panorama, esperan que la decisión en el Congreso y de la presidenta Sheinbaum sea fundada en la ciencia para que poco a poco se resuelvan las diferencias entre la industria y el gobierno.
